El importe del retiro en España se calculaba con los últimos 15 años trabajados hasta que la reforma del sistema de pensiones de 2013 fijó un incremento gradual que elevará el periodo hasta los 25 años en 2022. La propuesta que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, llevará al Pacto de Toledo para que los nuevos jubilados puedan elegir voluntariamente el cómputo de todo el tiempo en alta como alternativa evidencia el enorme problema que para no pocos de ellos supone la ampliación ante el desplome de su cotización en la recta final de su vida laboral, víctimas de despidos, regulaciones de empleo y el paro de larga duración en el periodo de crisis. Por esa misma razón y el cada vez mayor número de contrataciones temporales y jornadas reducidas, miles de personas en Galicia están llegando a los 65 años sin la cotización mínima y no les queda otro remedio que recurrir a las pensiones de jubilación no contributiva. Las solicitudes acumuladas en la comunidad el pasado 2017 alcanzaron las 3.428, según los datos recopilados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Es la mayor cantidad de peticiones en, al menos, los últimos 13 años, tras un incremento del 14% en comparación con el ejercicio anterior y hasta un 42% desde 2014.
Las pensiones no contributivas, gestionadas por los gobiernos regionales, son prestaciones para ciudadanos que no hayan cotizado nunca o el periodo no sea suficiente para acceder a una pensión convencional y que estén "en situación de necesidad protegible" y sin "recursos suficientes para su subsistencia" .
El volumen de beneficiarios en Galicia al cierre de 2017 ascendió a 39.564, de los que 24.549 son de jubilación y otras 15.105 por invalidez, con cuantías medias de 365,5 euros y 401,34, respectivamente. Su coste global superó los 201,3 millones de euros, el 8,75% de gasto en el conjunto del país, con más de 2.400 millones de euros y 454.678 perceptores.
Tanto en el caso de las prestaciones de jubilación como de las de invalidez, el número en Galicia durante el pasado año cayó ligeramente, pero no porque las solicitudes estén a la baja. Todo lo contrario. Aumentan con fuerza, sobre todo en el caso de las de jubilación, y se acumulan en lista de espera para su revisión y comprobar que cumplen los requisitos para otorgar el pago.
En 2017 se formalizaron 2.589 peticiones para pensiones de jubilación no contributivas en la comunidad, a las que hay que añadir las 839 que venían del año anterior todavía en espera. En total para resolver había 3.428, una cifra inédita en la serie estadística del Imserso. Se aprobaron 1.554, frente a las 931 que quedaron denegadas, pero quedaron pendientes para este nuevo ejercicio casi un millar. Tampoco antes se registraron tantas solicitudes postergardas para el siguiente año.
"Esto es el reflejo de nuestro actual mercado laboral", explica Maica Bouza, secretaria de Emprego de CCOO en Galicia. "Antes se tenían periodos de cotizaciones largos, pero entre los efectos de la crisis en el empleo, que provocan una vida laboral cada vez más discontinua, y el estiramiento de los años necesarios para la pensión -continúa- la consecuencia es la dificultad para llegar al mínimo de cotización". Bouza recuerda que algo parecido está sucediendo también con los desempleados, entre los que está aumentando más la petición de subsidios que la prestación normal del paro por agotar el tiempo permitido de cobro.
Precisamente como espejo que son de la realidad laboral, las mujeres, más afectadas por el imparable aumento de la temporalidad y de los contratos más pequeños -siete de cada diez jornadas a tiempo parcial están ocupadas por ellas-, son la inmensa mayoría en las pensiones de jubilación no contributivas. Las que no cotizan lo suficiente para lograr un retiro convencional. Suponen el 78,5% del total en Galicia, como recoge en Imserso. En la radiografía por edad, una cuarta parte de los perceptores en la región tienen entre 65 y 69 años.
Al igual que en la pensión contributiva, el incremento de la prestación arrastra una revalorización mínima en estos años. La media en diciembre era de 365,48 euros frente a los 355,39 euros de 2016. La de invalidez es algo mayor, con unos 400 euros.
