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El negocio del viento en Galicia

La Xunta libera tres millones para pagos por anular el concurso eólico del bipartito

La Consellería de Economía evita seguir batallando en el Tribunal Supremo y pide una modificación de presupuestos para desembolsar las indemnizaciones a seis empresas

Parque eólico en Galicia. // Ricardo Grobas

Parque eólico en Galicia. // Ricardo Grobas

Esta vez, la Xunta prefiere que la batalla judicial no se eternice, ni enturbie las relaciones con el sector eólico, ahora que parece que el viento vuelve a moverse gracias a las subasta de renovables del Gobierno central y la oportunidad de que parte de esa potencia autorizada se ponga en pie en la comunidad. La Consellería de Economía, Emprego e Industria evita recurrir en el Supremo las sentencias que le han ido cayendo en los dos últimos años por la exigencia de indemnizaciones de algunas de las empresas beneficiarias del concurso del bipartito. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) falló en octubre de 2015 que, efectivamente, los promotores que se quedaron sin sus proyectos cuando el PPdeG ganó las elecciones autonómicas de 2009 y anuló el reparto, tienen derecho a reclamar. Y, aunque no respalda sus pretensiones de pelear por el lucro cesante -lo que supuestamente dejaron de ganar por quedarse sin sus molinos-, sí avaló el cobro por los gastos de tramitación y diseño. Ahora la consellería desembolsa casi 3 millones de euros para compensarles.

El área de Facenda ha autorizado una transferencia de crédito de la partida de imprevistos y funciones sin clasificar a gastos jurídico-contenciosos por valor de 2.949.935,36 euros para así "atender al cumplimiento de diversas sentencias judiciales, en materias correspondientes a parques eólicos", según señala el expediente.

Son seis empresas a indemnizar. En todos los casos, la Consellería de Economía decidió acatar las sentencias en su contra el pasado 7 de julio, aunque algunas se remontan a principios del ejercicio pasado. Es el caso de la resolución del TSXG en la reclamación de la división de renovables de la multinacional portuguesa EDP, uno de los actores históricos del negocio del viento en Galicia y, precisamente, de los que arañaron megavatios (MW) en la primera subasta del Ministerio de Industria (100) y planean levantar aquí parte de ellos. La firma lusa consiguió del concurso del bipartito un total de 125,7 MW en cuatro parques. Reclamaba a la Xunta más de 1,3 millones de euros, pero el TSXG le concedió 688.600 euros.

El expediente de modificación de presupuestos para asumir los pagos contempla también los 27.200 euros de indemnización a Iniciativas Estratéxicas Galegas (Inesgal); cerca de 141.000 euros para Andavia Renovables, la alianza que formaron para participar en el reparto Coren, Copasa y el Grupo Tojeiro; otros 930.500 euros para Ventauria Enerxía Rural (la sociedad que movieron Café Candelas, Ingapán y Caixa Rural); y 375.800 euros para Viraventos, la empresa con la que concurrió Guillermo Sánchez Vilariño, expresidente de la patronal de Lugo.

A estas seis devoluciones hay que añadir, al menos, la reclamación de la pizarrera Cupa, la primera, de hecho, que ganó una demanda (222.300 euros) porque el TSXG considera que existió "un daño evidente" y "elementos precisos" para indemnizarlas.

Los populares, ya antes incluso de que la suspensión del reparto que heredaron del ejecutivo anterior fuese definitivo, defendieron que la continuación del proceso traería males mayores para las arcas autonómicas. En una entrevista concedida a FARO, el director xeral de Industria e Enerxía, Ángel Bernardo Tahoces, aseguró que las indemnizaciones "sí serían incalculables" en caso de "no corregir la ilegalidad".

El Ministerio de Industria busca una solución para la caducidad de los permisos de conexión de los parques

  • Hace muy pocos días, ante un nutrido grupo de representantes del sector convocados a unas jornadas sobre la futura Ley del Cambio Climático organizada por el diario El Economista, el secretario de Estado de Energía dejó con la boca abierta a parte del público. No porque lo que dijera fuera una sorpresa en sí misma, sino porque nadie pensaba que el Gobierno pudiera reconocer públicamente lo que las empresas llevan meses criticando. "Concentrar 8.000 megavatios en apenas tres meses no fue una forma óptima de hacer las subastas", admitía Daniel Navia. La falta de planificación sobre la que las renovables no paran de quejarse. Con esos 8.000 MW concedidos este año en dos pujas hay otros 700 MW del reparto de principios de 2016, el proceso que inauguró el desbloqueo de las tecnologías limpias. Toda la potencia tiene fecha límite. Como muy tarde, los parques deben estar en funcionamiento para que España alcance en 2020 el famoso cupo del 20% del consumo energético en fuentes limpias. De lo contrario, los millonarios avales depositados por los ganadores de las subastas se ejecutan. Y pierden el dinero. La urgencia del Gobierno, que hasta hace muy poco defendía públicamente que había potencia de sobra en el país, choca con el riesgo de caducidad de las solicitudes de conexión a la red eléctrica para evacuar la producción de muchos proyectos, autorizados ya, que servirían para desarrollar ahora la potencia subastada. Eso y la avalancha de peticiones nuevas que pueden llegar en tan poco tiempo. Por eso a Energía no le ha quedado otro remedio que abrirse al sector para pedirle ideas par solucionar la situación y evitar un atasco. El ministerio abrió una consulta pública previa para preparar un real decreto con el procedimiento de acceso a la red.

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