La ejecutiva de la Unión Comarcal de UGT-Vigo disuelta el pasado mes de octubre por supuestas "irregularidades" en la celebración del XII Congreso Ordinario de la formación ha demandado a la dirección gallega del sindicato por vulnerar el derecho a la libertad sindical de sus miembros, según ha podido saber FARO. Los demandantes, que presentaron la denuncia el pasado 30 de diciembre en el Juzgado de lo Social, aseguran en su escrito que los responsables de UGT-Galicia no han aportado ninguna prueba hasta la fecha sobre las "irregularidades" a las que hicieron alusión a comienzos de octubre para disolver la nueva ejecutiva. Exigen la nulidad del acuerdo que cesó los cargos elegidos en el congreso, su restitución y que se condene a UGT-Galicia y se disuelva la gestora que tomó las riendas de la Unión Comarcal en noviembre.
La demanda supone una nueva vuelta de tuerca al enfrentamiento que desde hace meses mantiene una parte de la Unión Comarcal viguesa contra de la dirección de UGT-Galicia, pugna que arrancó a comienzos del año pasado cuando el ex secretario general de UGT-Vigo, Antonio Juste, criticó los sueldos de la cúpula gallega frente a la mala situación económica de las comarcas, sobre todo de la de Vigo. El XII Congreso de UGT-Vigo había elegido por mayoría la lista encabezada por Santiago Rodríguez (afín a la posición de Juste), frente a la encabezada por Ignacio Pérez Calzado. No obstante, UGT-Galicia decidió apenas doce días después disolver la ejecutiva por supuestas irregularidades y un mes después nombró una gestora al frente de la cual colocó a José Domingo Barros.
