¿El último susto a la cartera de la autopista?

Las tarifas de la AP-53 podrían subir en enero, mientras los usuarios aguardan por los descuentos anunciados por PSOE y BNG

El gobierno gallego apuesta ahora por la gratuidad de la vía mediante un peaje en sombra

Fraga y Cascos, en diciembre de 2003, cuando se abrió la conexión hasta Lalín.

Fraga y Cascos, en diciembre de 2003, cuando se abrió la conexión hasta Lalín. / LAVANDEIRA JR.

El 22 de diciembre de 2003 se abría al tráfico el tramo de la AP-53 entre Silleda y Lalín, acercando más la comarca dezana a la capital de Galicia. La conexión entre la cabecera comarcal dezana y Santiago costaba 3,47 euros y dos décadas después son 6,40. Mientras los usuarios confían en que el acuerdo de investidura entre BNG y PSOE permita, por fin, las ansiadas bonificaciones semejantes a las aplicadas en la AP-9, el 1 de enero las tarifas podrían volver a incrementarse si se aplica el IPC y otros factores en virtud del acuerdo entre el ministerio, como titular de la vía, y la concesionaria, Autopista Central Gallega (Acega).

Esta vía de alta capacidad se puso en marcha por decisiones políticas, con unas condiciones, y por las mismas razones los sucesivos gobiernos estatales nunca tuvieron a bien poner freno a sus prohibitivas tarifas mediante bonificaciones u otras medidas. Fue tal la desidia que la AP-53 es todavía la única autopista propiedad del Estado en la que su concesionaria no aplica descuentos a los usuarios por el uso del telepeaje. Galicia salió perdiendo, una vez más, cuando la Xunta se implicó en la creación de esta infraestructura, recordemos, en manos del ministerio, cuando aportó 60 millones de euros a fondo perdido, idéntica cantidad habilitada por Fomento pero a reintegrar.

Otra de las cuestiones que llamó la atención desde el primer momento, además de las quejas de los usuarios por las elevadas tarifas, fue que las últimas dos estaciones de peaje se situasen dentro del término municipal de Silleda, la primera lógica pues ahí se abona el importe del tramo Santiago-Trasdeza, pero solo unos metros más adelante está en la que se paga el viaje hasta Lalín. Desde ahí, hasta el Alto de Santo Domingo (Dozón) no hay más cabinas, con lo que un conductor que tome alguna de las tres salidas lalinenses sin continuar hasta el siguiente concello dezano está pagando por un recorrido de hasta 15 kilómetros que no hace.

Pese a lo que pueda parecer, esta autopista no está entre las españolas con menor volumen de tráfico y todavía teniendo en cuenta su precio y el volumen de potenciales usuarios por población, seis de las 19 estatales registran menos desplazamientos. Para ello tomaremos, por ejemplo, los datos oficiales del ministerio referidos a 2021, cuando la Intensidad Media Diaria (IDM) de esta vía se situó en 5.075 vehículos, muchos más que los 1.512 que promedió la Madrid-Toledo o los 3.684 de la Madrid-Levante. Pero además, si en ese ejercicio, el segundo tras el impacto de la pandemia sanitaria de 2020, el crecimiento medio de las autopistas estatales fue del 21,3 por ciento, el tráfico en la AP-53 aumentó un 38 %.

Entre 2002 y 2021 los usuarios se dejaron en peajes más de 167 millones de euros, de los que 10,5 corresponden al balance cerrado de hace ahora dos ejercicios. La cuenta de resultados de este período, descontados impuestos de sociedades, ingresos por subvenciones, gastos de explotación o amortizaciones es favorable para la concesionaria en casi 9,8 millones de euros.

El pacto que firmaron este lunes PSOE y BNG para la investidura de Pedro Sánchez recoge una bonificación del peaje similar al de la AP-9: el viaje de regreso gratis (si es en un plazo de 24 horas) y una extensión de un 50% más de bonificación para los viajeros superrecurrentes, que son los que realizan más de 20 viajes al mes.

Gratis hasta Ourense

Poco después de que trascendiese este acuerdo, al que los nacionalistas pusieron fecha del primer trimestre del 2024 para su materialización, el gobierno gallego lanzó un órdago a juego y pidió la gratuidad total de la vía para el usuario. Consistiría, no en el rescate de la concesión, que expira en 2074, sino mediante un peaje en sombra tal y como acontece con el tramo Dozón-Ourense, que pagan todos los gallegos después de que el bipartito tomase la decisión de no cobrar a los usuarios. Por eso, el trayecto entre Compostela y Deza depende del Estado, y su conexión con Ourense, de la Xunta.

Dos décadas de la apertura del tramo Silleda-Lalín

En unos días se cumplirán dos décadas de la apertura del tramo de la autopista entre Silleda y Lalín y doce meses antes comenzaban a circular los vehículos por esta infraestructura entre Compostela y Trasdeza. Los entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, y el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, cortaban la cinta de una obra en la que Estado, Xunta y Acega habían invertido 56,8 millones de euros para la conexión de los 13,3 kilómetros que separan la parroquia silledense de Ponte de la salida de Lalín más próxima a su luego conexión con Dozón, en Catasós. Con la música tradicional de Os Xuncos, también intervino en el acto protocolario el entonces y actual mandatario lalinense, José Crespo, por aquella época presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Fue una de las primeras apariciones públicas del entonces ya exconselleiro Xosé Cuíña, que llegó acompañado de su sucesor al frente de la cartera autonómica de Política Territorial, Alberto Núñez Feijóo. “De nuevo los hechos se imponen a las palabras”, proclamaba Fraga, mientras que Crespo aprovechaba esa jornada para afirmar que con esta infraestructura a los lalinenses les había “tocado el Gordo”.

  • Financiación con fondos públicos

    En la construcción de la vía se implicaron las administraciones autonómica y estatal. El ministerio destinó 60 millones de euros a reintegrar, idéntica cantidad que aportó la Xunta, pero a fondo perdido.

  • Una concesión durante 75 años

    El acuerdo de concesión se rubricó en noviembre de 1999, estableciendo un período de 75 años, así que está vigente hasta 2074.

  • Entrada de los fondos de inversión

    En verano de 2015 la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizaba a Bankia y FCC la venta a un fondo soberano del gobierno malayo su participación en Globalvía. Luego llegarían otras operaciones de distintos fondos de inversión.