Crespo anuncia gestiones para el traspaso del edificio del ambulatorio sin coste y arreglado

La alternancia política permite que aquellos que cuestionaban aspectos de la gestión de un gobierno cuando eran oposición ahora se topen de bruces con una idéntica realidad. Estos patrones también se reeditan en el salón de plenos de Lalín y la sesión de ayer arrancó con los reproches de la oposición al ejecutivo de José Crespo por traer una modificación de crédito por 88.445 euros para pagar facturas pendientes de luz y gas, cuestionando que no se sacasen a concurso servicios ordinarios. El alcalde alegó que esta circunstancia se acabaría a corto plazo con la contratación de una empresa de servicios energéticos, convirtiendo a Lalín en el primer Concello de Galicia en lograrlo.

Sí hubo unanimidad a la hora de aprobar un reconocimiento para el finado artista cruceño Paco Lareo, al que se dedicará un parque en terrenos de la Casa da Xuventude como reconocimiento a su labor desinteresada, por ejemplo, con la Feira do Cocido. También pasó bastante desapercibida la aprobación del modificado del proyecto del edificio de usos múltiples de la calle Manuel Rivero, al que se dio el visto bueno.

En un pleno sin cuestiones de excesivo calado, Compromiso presentó una moción en la que pedía explicaciones al gobierno ante lo que consideraba enésima demora en las obras del Centro Integral de Saúde. Su portavoz, Rafael Cuíña, ya adelantó que si el ejecutivo se pronunciaba, retiraría la iniciativa y así lo hizo, para sorpresa de algunos de los compañeros de otros grupos de la oposición. También se había interesado por las especialidades que tendría este complejo asistencial. Crespo, que vaticinó el la finalización del complejo sanitario para finales de año o quizá para el primer trimestre de 2024 –la Xunta aseguró semanas atrás que podría estar listo para noviembre o diciembre– aprovechó para anunciar negociaciones con el propósito de lograr el traspaso del inmueble del actual centro de salud cuando quede libre. Para el regidor la cesión de esta edificación sería muy interesante, pero no a cualquier precio y, precisamente, desea que sea sin coste alguno. Para ello confía en un acuerdo o salida negociada entre Xunta y Estado y que la administración autonómica asuma las obras, “que no cuestan tanto” de reparar la fachada trasera ahora apuntalada. El centro de salud pertenecería ahora a la Xunta, pero con el cese de actividad la titularidad regresaría a la Seguridad Social; un caso semejante a lo que acontece en A Estrada, al que el Estado está negando la cesión de su viejo centro de salud. “Estamos presionando para que se tome una decisión, pero yo quiero el edificio, que además es muy grande, arreglado”, añadió el primer edil. La oposición censuró el deplorables estado que presenta el ambulatorio o los reiterados anuncios incumplidos sobre el remate del CIS.

Por otro lado, el PSOE no convenció al gobierno para la reapertura del parque canino anexo a la estación de autobuses, iniciativa en la que logró el respaldo de Compromiso y BNG. Su portavoz, Alba Forno, lamentó la construcción de otro recinto, al lado del Pontiñas, más pequeño que el clausurado, y contra la voluntad de la mayoría de los vecinos solo para cumplir con compromisos de afines del PP. La edil nacionalista Ariadna Fernández y la concejala de Compromiso Iria Fernández también criticaron el “gasto innecesario” de otra infraestructura que apenas se utiliza. El portavoz del PP, Avelino Souto, acusó al gobierno de coalición de haber llevado construido el parque sin consenso vecinal tras descartarlo cerca del auditorio por el rechazo de padres.

El ejecutivo también tumbó la propuesta del BNG sobre la puesta en marcha de una red de transporte –bus y taxi mediante convenios con el sector– para acercar al casco urbano a la población del rural sin medios de transporte. En su defensa alegó que existen 57 líneas de bus de la red autonómica por el municipio o que se logró, también en transporte compartido, extender una frecuencia hasta Zobra.

Cuíña se alía con el PP en contra de la amnistía

Pudo ponerse de perfil, pero no lo hizo. Rafael Cuíña se alió con el PP en su iniciativa contra la tramitación de una ley de amnistía que está en boca de todos, pero sobre la que el Gobierno central todavía no se ha pronunciado. Mientras BNG y PSOE exhortaron al gobierno a que trajese a pleno propuestas de interés vecinal y no directrices que le llegan de su partido, el líder de Compromiso se declaró en contra de los indultos en democracia y su distanciamiento con sus colegas de la oposición –en este caso con el PSOE– se evidenció al reprocharle al edil Anxo Álvarez un comentario en redes sociales sobre su opinión acerca de posibles privilegios a los nacionalistas catalanes por su apoyo a Pedro Sánchez en su investidura como presidente del gobierno de España. Apeló a la Ley de Amnistía de 1977 y miró hacia la bancada de populares y socialistas por haber concedido indultos durante el actual período democrático. Crespo y Souto defendieron esta moción por los privilegios económicos que tendría Cataluña frente al resto de comunidades como la gallega. Francisco Vilariño (BNG) fue el más crítico con el PP, pidió que no trajesen “patochadas a pleno”, recordó los pactos de José María Aznar con PNV y Convergència i Unió o las amnistías a golpistas del 23-F, políticos corruptos o vinculados al GAL. Anxo Álvarez, por su parte, atacó al gobierno por presentar mociones que solo buscan “ruido y crispación” e insistió en que esta supuesta ley ni está tramitada. “Hablemos de los problemas de este concello”, manifestó el edil socialista.