El Gobierno cuestiona el “interés público” de aplicar bonificaciones en la autopista

Un vehículo automático se precipitó a primera hora de la tarde por un terraplén próximo a la residencia DomusVi de Lalín, en el lugar de la parroquia lalinense de Donramiro. El turismo siniestrado se encontraba estacionando junto al geriátrico y, según indican los profesionales del servicio municipal Emerxencias Lalín, la conductora podría equivocarse pisando el pedal del acelerador en lugar del freno. Sólo se registraron daños materiales a pesar de la espectacularidad de un siniestro que provocó desperfectos en el cierre perimetral de la residencia.

Solo desde la profunda ingenuidad cabría esperar que el Gobierno central hiciese el más mínimo gesto a favor de abaratar los peajes de la AP-53. Los usuarios de las infraestructuras estatales más caras de España seguirán asumiendo unos precios desorbitados para una autopista cuyo precio casi se duplicó desde su construcción, hace dos décadas, impulsada por gobiernos del PP en Madrid y en Santiago.

Todas las llamadas, que han sido centenares, a la puerta del ministerio han sido resueltas del mismo modo: el silencio o la negativa a articular medidas para aminorar el impacto que sobre las economías familiares y empresariales tienen las tarifas de la autopista que comunica Deza con Santiago.

La última se escenificó recientemente en el Senado con una pregunta oral de los representantes del PP que, en esencia, exigía bonificaciones semejantes a las aprobadas para la AP-9 o el traspaso de la infraestructura a la Xunta. El Gobierno, sobre la introducción de descuentos como los autorizados para los usuarios de la vía que cruza Galicia de norte a sur, alegó que esta alternativa “es siempre factible, pero en este caso no es comparable la funcionalidad de la AP-9, eje vertebrador de la comunidad gallega, con la autopista AP-53”. Una vez más, el Gobierno viene a concluir que esas medidas cuestan dinero, algo que es obvio, pero que sí se hizo en otros lugares. “Debe considerarse que la decisión de implantar nuevas bonificaciones, que supone un esfuerzo presupuestario para la Administración, siempre se toma por interés público, en función de un estudio de necesidades de los usuarios y tratando de mejorar cuestiones como la accesibilidad y/o seguridad, descongestión de otras vías alternativas o, en definitiva, mejorar la funcionalidad el sistema de transportes”.

Control de la subida

Por otro lado, sobre el alza de los peajes, el Gobierno aludió a la limitación del 4% para este año y que estos incrementos son un derecho contractual y su aplicación está regulada por ley.

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