Rafael Cuíña asegura que el acuerdo por los terrenos de la Gran Praza no está cerrado

El coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, asegura que el gobierno no tiene cerrado un acuerdo con los propietarios para la compra de los terrenos de la futura Gran Praza. Estas afirmaciones podrían echar por tierra las previsiones del ejecutivo municipal de activar este espacio urbano en lo que resta de mandato con la consecución de los terrenos. Y, al mismo tiempo, modificar la hoja de ruta de un gobierno que días atrás anunció que en el pleno de este viernes (19.00 horas) se aprobaría un primer pago por 174.000 euros correspondiente a un primer desembolso.

“Veremos si hay Gran Praza o no. Quiero preguntar al alcalde, José Crespo, que dijo que había acuerdo con los propietarios, porque me consta que con todos no hay tal acuerdo”, declaró. En su exposición añadió que “a día de hoy hay varios propietarios que no firmaron por diferentes cuestiones”, declaró Cuíña, quien entiende que es momento de que el regidor explique en qué situación está este proceso. “A Crespo, como a los políticos en general y más llegando a la campaña, nos gustan mucho los titulares, pero estamos hablando de una persona a la que le gusta mucho anunciar lo que luego no acaba haciendo”, apostilló. En esta valoración indicó que el mandatario no había materializado en este mandato ninguno “de los grandes proyectos que anunció hace cuatro años”.

Volviendo al tema que nos ocupa, Cuíña se pronunció sobre la modificación de crédito que irá el viernes a pleno para satisfacer a los vecinos un primer pago. “Entiendo que no habrá problema para esta modificación, aunque si no hay acuerdo con los vecinos a ver cómo se lleva después a cabo la firma de la compra”, declaró.

Presión política

Por otro lado, el representante de Compromiso aprovechó para reclamar que no se produjesen “presión política sobre personas que tienen todos el derecho, a no ser que esto sea Venezuela o Cuba, de disponer de sus propiedades como consideren”. Cerrada, a criterio de Cuíña, la posibilidad de un acuerdo a día de hoy, se abriría, indicó, la vía de la expropiación. “Si hay gente que no quiere firmar está más que legitimada para no hacerlo”, remarcó.

A finales de enero el mandatario comunicaba un acuerdo con los propietarios de los terrenos –se incluyen dos casas– en una operación por 2,5 millones a satisfacer en cuatro anualidades. El Concello, con los predios a su nombre, modificaría la calificación de un suelo que, no conviene olvidar, forma parte de un área de reparto que no fue desarrollada en la que se podían construir viviendas.