Vilariño denuncia que la empresa del SAF incumple las subidas salariales acordadas con sus empleadas
Insta al gobierno local a convocar “de urgencia” la mesa de seguimiento de este servicio municipal
REDACCIÓN
El portavoz municipal del BNG de Lalín, Francisco Vilariño, urge al gobierno la convocatoria de la comisión de seguimiento del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) ante lo que considera importantes incumplimientos por parte de la concesionaria. Explica que las más de 60 trabajadoras de Protección Geriátrica 2005 no recibieron en su primera nómina del año el incremento correspondiente al IPC, del 5,7%, o que sigue sin regular adecuadamente los pagos por kilometraje a la plantilla. En este último caso pone como ejemplo la empresa que presta el servicio en Silleda, que establece su sede como base para los desplazamientos domiciliarios, mientras que en Lalín las rutas toman como referencia los domicilios de los usuarios y que una trabajadora puede acudir a uno en horario matinal y otro por la tarde.
Además de denunciar la escasez de material como calzado o batas, el nacionalista aduce que la empresa fuerza a las empleadas a acumular horas cuando no acuden a atender a sus usuarios por hospitalización o tras causas de los mismos. “Esas horas tienen que hacerlas después o se les restan en la nómina”, explicó Vilariño.
Gestión pública
El nacionalista entiende que el grupo de gobierno “no puede seguir mirando hacia otro lado” y propone que, además de exigir a la concesionaria que cumpla con el contrato, que aclare en qué situación está el conflicto laboral creado por la propia firma al plantear un descuelgue del convenio alegando que no le daban los números. Recordó que estamos ante uno de los contratos públicos de mayor dimensión económica (8,7 millones de euros por cinco años) e insta al ejecutivo a aclarar si está negociando una revisión de precios al alza o incluso la rescisión del contrato. A su juicio, la solución pasa porque el ayuntamiento asuma la gestión directa de un servicio tan sensible como este pues las empresas anteponen sus intereses económicos a la correcta prestación del mismo o incluso a atender los derechos laborales del plantel.
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