La edil de Facenda de Lalín, Paz Pérez, solicita a la oposición “responsabilidad y criterio” a la hora de hacer crítica política que en el tema de la productividad nace “de la falta de memoria y del desconocimiento” y no desde el rigor que se le presupone a ediles y partidos que formaron parte de un gobierno que gestionó el ayuntamiento durante cuatro años y que utilizó las mismas prácticas que ahora le “parecen fuera o de la ley y no ajustadas a derecho”. Pregunta al concejal y exalcalde Rafael Cuiña (Compromiso) y al edil del BNG Francisco Vilariño por que ahora son “poco justificables” 100.000 euros en productividades “entregadas a la mayor parte de la plantilla” y porque en 2016 era correcto entregar 82.075 euros en el total del año a un número mucho más reducido de trabajadores. O en 2017 un total de 76.852 euros “a trabajadores con una alta afinidad al cuatripartito”. Dice que la diferencia es el incremento del precio de la vida. Insiste en que en 2016 y 2017, cuando se permitió pagar productividades lineales, se entregaron emolumentos extra a 40 empleados cantidades semejantes a las de ahora pero a menos personas. O que en 2015, ejercicio de gestión compartida entre cuatripartito y PP, las cuantías ascendieron a 121.145 euros. Ya en 2018 (500 euros), 7.000 un año después, y cero el año pasado por la negativa de Intervención. Y apunta que mientras ahora los pagos oscilan entre 500 y 3.000 euros en el cuatripartito había lineales de entre 5.000 y 7.000. Pérez Asorey concluye su alegato recordando que estas productividades se entregan “para premiar la gran cantidad de trabajo que afrontó una parte importante de la plantilla en 2021 producto de la intensa gestión del gobierno municipal “que fructificó en diversos ámbitos”
Pedrosa se pronuncia sobre la política laboral
El secretario de organización de Comisiones Obreras, José Luis García Pedrosa, destacó la voluntad del gobierno lalinense en las negociaciones sobre la política laboral del ayuntamiento. Aunque el ejecutivo puede asumir el riesgo de elevar a pleno la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) –documento que como avanzó FARO ya se debatió en al menos una ocasión con los representantes de los trabajadores– confía en que se avenga a negociar algunas cuestiones que Pedrosa entiende deben ser subsanadas sobre el elaborado por una consultora.
En relación a este asunto, desde Comisiones se discute por ejemplo que la RPT pretenda abarcar conceptos que deberían analizarse por separado como el proceso de estabilización para unos 55 laborales. En este sentido recordó que se abren dos alternativas en función de la antigüedad del personal: un concurso de méritos o un concurso-oposición, aunque este último no sería eliminatorio. Paralelamente, señala, es preciso activar el convenio colectivo y el acuerdo regulador para funcionarios y laborales, respectivamente.
Sobre el proceso de estabilización reprendió al exalcalde Rafael Cuíña por afirmar que la “regularización” de los laborales se dispararía el capítulo uno cuando, en primer lugar, la administración pública no regulariza sino que cierra estabilizaciones, que no conllevan incrementos en las retribuciones salariales.
Para Pedrosa la aprobación de la RPT tiene que acabar con la precariedad laboral y casos de empleados municipales que perciben sueldos “míseros” además de actualizar las categorías laborales en función de las responsabilidades que desempeña cada uno. Ejemplificó esta denuncia con el hecho de que hay técnicos que desempeñan tareas propias de esta categoría y que sus nóminas son más propias de auxiliares. El representante del sindicato mayoritario en el comité de empresa municipal de Lalín eludió dar datos sobre cuánto dinero le costaría al Concello aprobar y, en consecuencia, aplicar la relación de puestos de trabajo. “El gobierno dice que 400.000 euros, pero yo no voy a dar una cifra”, dijo. No obstante, desveló que administraciones locales semejantes a la dezana como Marín o A Estrada incrementaron su masa salarial en 800.000 euros en varias anualidades.
Arremetió contra el resto de las centrales por no haber presentado propuestas al documento encargado por el gobierno a una consultora y dijo que ahora solo se están debatiendo cuestiones advertidas por Comisiones. “Vemos un compromiso negociador; no como el gobierno anterior que dijo que iba a arreglarlo todo y no arregló nada”.
Polémica de las gratificaciones
Sobre el pago de 100.000 euros en productividades a un grupo de funcionarios Pedrosa dijo que estas cuestiones también deben regularse para evitar una discriminación que, dijo ser consciente sentó mal a una parte de los trabajadores. En la reunión de ayer de la mesa de negociación presentó una queja por excluir a la Policía Local en estas gratificaciones.
