Hace menos de un mes una quincena de alcaldes, con el lalinense, José Crespo al frente, se reunían con la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, con un asunto encima de la mesa: reclamar al Gobierno central una rebaja del peaje de la autopista que conecta la capital de Galicia con la comarca dezana. Entonces, la representante del ejecutivo autonómico anunció la elaboración de un estudio sobre el alance económico que tendría aplicar en esta infraestructura unos descuentos idénticos a los aprobados para la AP-9. El informe fue presentado ayer y concluye que la inversión precisa asciende a 3,2 millones de euros.
En la reunión celebrada en las dependencias de la consellería, Vázquez Mourelle indicó a los alcaldes y representantes municipales de la traza de la autopista que el análisis será remitido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) “del que esperamos sensibilidad ante esta demanda social compartida por la Xunta, los concellos y todas las fuerzas políticas del Parlamento de Galicia”, dijo. Sobre este último asunto cabe recordar que existe un acuerdo unánime de los partidos con representación en la cámara autonómica de solicitar estas bonificaciones y que los descuentos comiencen a aplicarse ya el próximo año.
La propuesta recoge la gratuidad del viaje de vuelta para los vehículos ligeros que hagan el regreso en 24 horas empleando el sistema de telepeaje; la reducción de un 20% adicional, para los que hagan por lo menos 20 desplazamientos mensuales y del 20% para vehículos pesados, con cualquier método de pago.
Al término de la reunión la conselleira expuso que aplicar estas bonificaciones para los vehículos ligeros –la gratuidad en la vuelta y la reducción del 20% adicional por más de 20 viajes al mes– supondrá un coste a la Administración General del Estado estimado en casi tres millones de euros. Detalló que la reducción de los peajes del 20% para los vehículos pesados implicaría casi 275.000 euros más, de ahí que salga el montante de los 3,2 millones. La Xunta considera que el presupuesto total necesario para aplicar estas bonificaciones es asumible, pues es mucho menor que en el caso de la AP-9. Resaltó que los beneficios de activar estos descuentos supondrían reforzar la competitividad del territorio y la seguridad vial.
Ejemplos de ahorro
La titular de Infraestruturas hizo hincapié en el ahorro que esta medida permitiría a los usuarios, ya que por ejemplo, a un vecino de Lalín que se desplace a Santiago de Compostela y que realice 25 viajes al mes, estas bonificaciones le acercarían un 60% de ahorro, es decir, un total de 2.178 euros al año. En el caso de un residente en Silleda que se desplace a la capital de Galicia realizando el mismo número de recorridos, el ahorro sería también del 60% y de casi 1.300 euros anuales. Con las tarifas en vigor el coste para un usuario que complete 25 veces al mes la conexión Lalín-Compostela de ida y vuelta le sale por 302 euros.
Gratuidad de la conexión con Ourense
Ethel Vázquez recordó que los peajes de esta autopista están entre los más elevados de la red de vías de pago de España, puesto que el coste medio es de 7,77 céntimos por kilómetro (sin IVA), frente a los 6,12 de tarifa media de la AP-9, una vez aplicadas las bonificaciones que entraron en vigor el pasado mes de julio, y los 5,67 céntimos/kilómetro de las autopistas autonómicas. Apuntó la conselleira que la AP-53 al no contar con ningún tipo de bonificación, no cumple con la función vertebradora que debería de tener, pues no logra captar tráfico ni sacar vehículos pesados de la carretera nacional. Frente a esta situación, contrapuso la del tramo de autovía de titularidad autonómica de conexión entre Santiago y Ourense, la AG-53, que es totalmente gratuito porque lo paga la Xunta mediante un peaje en sombra. Precisó que en esta autovía, entre Dozón y la capital ourensana, circulan 8.500 vehículos al día frente a los 1.500 que registra el tramo paralelo de la carretera nacional; un tráfico por la N-525 que se eleva hasta los 10.000 vehículos en el tramo paralelo a la AP-53, de titularidad estatal y de pago.
