La Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) anuncia que “todos aquellos contratos que el juez determine como legales serán, por supuesto, mantenidos por la sociedad, que se convertirá en el nuevo arrendador”. De esta forma, la Sareb sale al paso en la polémica de los pisos de la calle Emilio Alonso Paz de Silleda que construyó Promoval y que están en manos de la sociedad. Si el pasado mes de diciembre fueron retirados contadores de gas de algunas viviendas habitadas, ahora hay una docena de familias que deben abandonar sus casas antes del 4 de noviembre. En este sentido, el comunicado indica además que “los contratos que el juez determine como no válidos no podrían ser renovados y en este caso las personas deberían abandonar las viviendas”. De todas formas, la Sareb también asegura que estudiará el caso de las personas en situación de vulnerabilidad y, en caso de acreditarse la misma, “ofrecerá una solución habitacional a través de un alquiler social en ese o en otro inmueble”.
Desde la sociedad, cuyos representantes se reunieron ayer con un miembro del BNG local, también se recuerda que en el caso de Silleda, se trata de un edificio que “nos adjudicamos porque era garantía de un préstamo promotor propiedad de Sareb. Es necesario aclarar que Sareb gestiona préstamos impagados de promotores (no hipotecas de particulares) porque es eso lo que compró mayoritariamente cuando se constituyó”. Añade que con el paso del tiempo y el sucesivo impago del préstamo “comienzan procesos de ejecución hipotecaria y la sociedad, al no haber cobrado, se va adjudicando los activos (viviendas, suelos, naves industriales o locales) que figuran como garantía del mismo”.
Por último, la nota de la Sareb indica que “en este tipo de procesos, una vez que una compañía se adjudica un edificio, el juez suele convocar una vista de ocupantes para comprobar si hay personas viviendo allí y si disponen de títulos de alquiler o propiedad”. Añade que será ese juez el que “determina qué contratos son legales o válidos y cuáles no. Aquí también es importante destacar que los contratos que las personas pudieran tener con la promotora son anteriores y ajenos a Sareb; se firmaron entre ellos y nada tenemos que ver ni podemos saber de eso”, concluye.
Ante esta situación, el partido de Tania Cornado llevará la cuestión al Parlamento, y de paso le pide al Concello que medie, puesto que Silleda tiene un convenio con la Sareb mediante el que dispone de cinco viviendas conveniadas para alquiler social.
