Año tras año, las sociedades de caza de las comarcas amplían y cubren su cupo de precintos de jabalí, organizan batidas según se van denunciando daños y, sin embargo, los destrozos van cada vez a más. La convocatoria de la Xunta para paliar estas pérdidas cuenta con una partida de 1,4 millones de euros, pero a cada explotación le corresponde un tope de 1.600 euros por año. Con eso, una granja cubriría los daños de 8.000 metros cuadrados. Así que explotaciones con hasta seis hectáreas de destrozos ya ni denuncian los daños.
Es el panorama que resumió ayer el secretario de Unións Agrarias, Roberto García, para alertar de la tremenda invasión de jabalíes en maizales recién sembrados. “Hay más de 21.000 batidas al año en Galicia, pero no son suficientes, nacen más animales de los que se cazan”. A falta de un censo de población de este animal, el sindicato calcula que puede haber unos 200.000 ejemplares.
Reunión sin respuesta
En vista de cómo iba a ser esta campaña, el sindicato cursó ya en febrero una petición de reunión con la Consellería de Medio Ambiente y los tecores. La respuesta de la Xunta fue el silencio. El mismo efecto tuvo la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se presentó hace casi dos años, el 27 de julio de 2019, para mudar la Ley de Caza de 2013.
Esta norma indica que los tecores son los responsables de cualquier daño del jabalí. Así que a ella se agarra Unións para, de ahora en adelante, denunciar cualquier daño en fincas cultivadas y reclamar el 100% de las pérdidas. A día de hoy, ya hay varias sentencias favorables a los ganaderos y que deben abonar los tecores de Dozón (que recurrió los dos fallos en contra), o Xermade. Hay demandas ya en Lalín, O Carballiño, Ordes u Ortigueira.
Unións es consciente de que estas sentencias pueden poner en peligro la viabilidad de los tecores. Algunos ya dejaron caer que dejarían de gestionar sus terrenos, que pasarían a ser libres y a estar en manos de la Xunta. Estas denuncias son la única medida de presión que ve Unións ante el gobierno autonómico. “No hay ningún planteamiento par la reducción drástica del jabalí”, lamenta Roberto García.
Fondo de Corresponsabilidad
El secretario de Unións deja claro que la judicialización de los daños no busca en ningún momento un enfrentamiento con los tecores. Con la ILP de 2019 intentaron cambiar la Ley de Caza, pero “nos dijeron que no era el momento”. Los daños que causa el jabalí a nivel gallego rozan los 15 millones de euros, de los que la Xunta solo cubre el 10%. Por eso, son varias las explotaciones que deciden, directamente, dejar de sembrar maíz por las pérdidas.
Esa misma Ley de Caza contemplaba, en 2013, un Fondo de Corresponsabilidad que tampoco se ha materializado. El responsable del área forestal y energías renovables de Unións, Xacobo Feijoo, apunta que aunque se ponga ahora en marcha este fondo, con el dinero que aportan las licencias de caza y los fondos autonómicos, no llegaría a los 3 millones de euros, muy por debajo de esos 15 de destrozos. “Esa problemática pasa por controlar la población” con medidas que tienen que contemplar la nueva ley de caza, como poder abatir crías para que las madres muevan las piaras de lugar, o permitir la alimentación disuasoria en las épocas de siembra.
Declaración de emergencia cinegética
Desde Unións, es necesario controlar la población de jabalí a corto plazo con el mismo sistema que se empleó en el otoño-invierno de 2019: la declaración de emergencia cinegética. Esta medida, que se aplicó en Deza, Terra Cha, Betanzos-Eume y Viana, permitió cazar todos los días de la semana desde mediados de octubre de 2019 hasta el 29 de febrero de 2020, cuando remataba la temporada. Para Unións, la Consellería de Medio Ambiente tiene que reaccionar ya ante la vorágine de destrozos. Critica a la conselleira, Ángeles Vázquez, “por estar histérica por la mañana con los daños que causa el lobo, y tan tranquila por la tarde con los destrozos del jabalí”. Según los cálculos de García, los 900 lobos que hay en la comunidad gallega causan destrozos por valor de 700.000 euros al año, muy por de debajo de esos 15 millones de euros que suponen las incursiones del jabalí.
Hablando del lobo, la Asociación Agraria de Galicia (Asaga) se desplaza hoy a Madrid para participar en la manifestación contra la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica de aumentar el nivel de protección del lobo. Esta ampliación podría hacerse efectiva el 25 de septiembre. La protesta está organizada por Ganader@ Viv@ y reunirá a más de 30 colectivos.
