Poco a poco, los juzgados de la zona, sobre todo los de Lalín, habían conseguido paliar las consecuencias de aquella huelga de funcionarios que duró tres meses, de febrero a mayo de 2019, y que después había sobrecargado de trabajo a todas las plantillas. Pero la alegría duró poco: si en marzo, justo cuando arrancó el estado de alarma, el partido judicial de Lalín y el de A Estrada tenían 1.159 casos aún en trámite, tres meses después, y coincidiendo con el final de la desescalada, había 1.366, es decir, 207 más.
La cifra puede no asustar, pero sí cobra relevancia cuando vemos, por partido judicial, cuántos asuntos nuevos entraron a mayores y cuántos se despacharon. Comencemos por Lalín. Las dos salas de O Regueiriño iniciaron el segundo trimestre del año con 766 asuntos pendientes. Eran menos que los 890 que tenían cuando arrancó enero. También durante el estado de alarma, entraron menos casos, 406 (el trimestre anterior habían sido 523). Pero es que la labor de los juzgados, como la de otros sectores, se paralizó de tal modo durante el estado de alarma que solo pudieron resolverse 315 procesos, mientras que entre enero y marzo habían sido más del doble, 647. Así que resulta lógico que, cuando termina junio, haya más casos pendientes que al cierre de marzo: 857 frente a 766. Son, casi, un centenar más de procesos abiertos.
Para darnos una idea de la carga de trabajo que vuelven a tener los juzgados de O Regueiriño, basta con calcular su tasa de pendencia. Este número es el que se obtiene al dividir los asuntos pendientes al final del trimestre entre los que quedaron resueltos. Si hacemos esa operación entre los 857 asuntos abiertos y los 315 que quedaron solventados, obtenemos una tasa de pendencia de 2,72. Ahora, si multiplicamos esa cifra por 12, son los meses que precisarían los juzgados de Lalín para poner todos sus pleitos al día, sin ingresar ningún litigio nuevo. Y esa cifra son 32,6 meses, es decir, dos años y ocho meses para no arrastrar ningún caso. Que los efectos del coronavirus están detrás de esta cifra es más que palpable, porque en marzo esa tasa era solo de 14 meses.
Y lo malo es que el balance trimestral de A Estrada no es mucho mejor. En estos juzgados, abril comenzó con una estampa muy parecida a la de enero, con 393 asuntos pendientes (en enero habían sido 399). Como en Lalín, debido al confinamiento también se frenó la entrada de nuevas querellas con 311 casos (por debajo de los 417 del trimestre anterior), pero la resolución de litigios también cayó más allá de la mitad: si en el arranque del año habían quedado sentenciados 401 procesos, ahora la cifra es de tan solo 185. Así que las salas estradenses cierran el segundo trimestre con 509 litigios en trámite, superando cómodamente los 393 con que terminaba marzo.
Decíamos que las cifras de A Estrada no son más boyantes que las de Lalín. Y para muestra, un botón. Su tasa de pendencia incluso supera a la de la capital dezana, pues es de 2,75. Al multiplicar esta tasa por 12, nos da 33 meses, más tiempo del que precisaba Lalín, para poner todos sus asuntos judiciales al día.
Hay otra tasa que también manejan los informes del Consejo General del Poder Judicial: la tasa de sentencia. Es un porcentaje que indica cuántos asuntos se resuelven por sentencia y se obtiene tras dividir el número de sentencias entre los asuntos resueltos. Esta tasa bajó durante el segundo trimestre, también por obra y gracia de la pandemia. En Lalín, sus juzgados dictaron 82 sentencias, mientras que en el primer trimestre habían llegado a las 144. Si dividimos esos 82 fallos judiciales entre los 315 casos resueltos, tenemos una tasa del 0,26%. La de A Estrada es bastante inferior. Entre abril y junio, sus dos salas dictaron solo 19 sentencias, cinco veces menos que las 85 del trimestre anterior. Así es que al dividir esas 19 sentencias entre los 185 litigios finiquitados, obtenemos una tasa de sentencia de 0,10.
Y hablando de sentencias, una vez que se dictan deben registrarse y ejecutarse. Aquí también aumentan las cifras respecto al trimestre anterior aunque, eso sí, lo hacen de una forma más modesta. En Lalín, al margen de las 82 sentencias dictadas, entre abril y junio se registraron 77 y quedaron resueltas 41, así que al final del período había en trámite otras 1.777. A finales de marzo, las que estaban aún en proceso eran 1.724, es decir, 53 menos. Hay que señalar que esas 42 resueltas quedan muy por debajo de las 213 que se habían despachado durante el periodo anterior. En el caso de A Estrada, durante el trimestre se registraron 38 sentencias, quedaron resueltas 31 (el trimestre anterior habían sido 33) y están en trámite 791, 23 más que a finales de marzo. Así, al final de la desescalada, los dos partidos judiciales tienen todavía en trámite 2.568 sentencias.
