La edil de Benestar Social, Paz Pérez, está siendo en esta primera etapa del mandato uno de sus principales objetivos con los que ejemplificar la que entienden como pésima gestión del gobierno local. Después de haberla acusado de ocultar información en el servicio de ayuda a domicilio, ayer se sucedieron los ataques ante lo que estiman como un acuerdo por debajo de la mesa con la firma Galáurea. Vilariño le preguntó por qué no había dicho públicamente que con el acuerdo para dar más dinero a la concesionaria -64.000 euros- el precio subiría un 25%. La socialista Alba Forno y Teresa Varela (Compromiso) afearon a la edil que no se aclarase a qué se debe ese incremento y esta última advirtió de que las facturas que presente la empresa serán reparadas. Pérez admitió que así sería, pero defendió que pese a que este acuerdo se llevó a cabo con el contrato vencido, se hizo con informes favorables y para garantizar la continuidad del servicio y que el personal de Galáurea percibiese unos sueldos dignos. Pese a que la oposición indicó que había informes técnicos contrarios, la concejala recordó que la valoración se tomó en base a una consulta al mercado del anterior gobierno.
