La Plataforma de Afectados polo Velatorio de Silleda continúa su campaña en contra del campo de golf rústico, pese a que desde el Concello se señala que las instalaciones son municipales y que la única obra que se hizo en las mismas fue la de allanar el terreno. El colectivo indica en un comunicado que ayer presentó una denuncia ante la Comisión de Urbanismo de la Xunta sobre la presunta "ilegalidad del campo de golf, ya que carece, entre otros requisitos, del preceptivo documento de incidencia ambiental", asegura.
Los denunciantes se basan en que las instalaciones móviles que menciona el Concello (la caseta) "están asentadas en cimentaciones y estructuras sólidas de cemento", lo que a entender de dicha plataforma es ilegal y debe explicarse no solo por parte del alcalde, Manuel Cuíña, sino también por parte del resto de los miembros de la junta de gobierno local.
El campo de golf se creó al amparo de la Escuela Municipal de Golf y con él colabora, de forma desinteresada, Paco Porto, el presidente de la asociación Exilieta. Sin embargo, desde el colectivo de Carballeira do Chousiño se ataca tanto al ejecutivo de Cuíña como a esta asociación. Por un lado, se critica al Concello de Silleda "porque responde con el silencio ante la petición de los afectados de acceder tanto al expediente municipal del futuro velatorio como del campo de golf, faltando a la transparencia que debe existir en toda administración". Por otra parte, arremete contra la asociación Exilieta e indica que pedirá a la Axencia Estatal de Administración Tributaria que investigue si esta entidad deportiva sin ánimo de lucro "está percibiendo ingresos de los usuarios por la publicidad de las vallas" que delimitan el campo de golf. Solicitará, de igual modo, saber si Exilieta "declara o no el IVA de las facturas emitidas a las empresas que figuran ya publicitadas en dichas vallas".
Juzgados
Por último, los afectados por el velatorio también requieren conocer con exactitud "la relación existente entre el Concello y Exilieta, y la empresa mercantil con la que ésta comparte domicilio social". Se refieren a la firma Brokworld, que "según los datos del BORME, se dedica a la intermediación comercial para la venta de servicios y productos de terceros", señalan desde la plataforma vecinal. Ésta incluso amenaza con solicitar a los juzgados lalinenses que investiguen la legalidad del uso del campo de golf así como el vínculo que pueda existir entre la administración local y la asociación deportiva.
