La constructora reclama un millón más para empezar la obra de A Pasaxe

Ha pasado un año desde que el Concello de Gondomar y la constructora Copasa firmaron el contrato para poner en marcha la urbanización del polígono de A Pasaxe. Se anunciaba con carteles la obra que iba a permitir legalizar el espacio industrial tras seis décadas al margen de la normativa urbanística y, por lo tanto, modernizarlo, ampliar naves y duplicar puestos de trabajo. Se publicaban incluso fotografías triunfalistas al borde de las municipales y se colocaban carteles anunciadores que todavía “decoran” el espacio industrial sin que la obra haya comenzado todavía. El motivo del bloqueo es económico. La adjudicataria, Copasa, reclama un millón de euros más para iniciar los trabajos.

La constructora ganó el concurso público con una oferta de 2,8 millones, 600.000 por debajo del precio de salida que había propuesto el Ayuntamiento de Gondomar, 3,4 millones. Eran cifras de febrero de 2021 y desde entonces “la excepcional e imprevisible escalada al alza en el precio de los materiales de construcción (...) hace extraordinariamente gravosa y difícil la ejecución” de la obra, “poniendo en riesgo la viabilidad económica del contrato”.

Un 36,97% más

Así lo indica la empresa en un escrito dirigido al Concello para reclamar la actualización de precios. Según los cálculos efectuados por la compañía en base al incremento de los costes, el presupuesto subiría hasta los 3,9 millones, un 36, 97% más sobre los previsto inicialmente y 500.000 euros por encima del importe que planteaba la licitación.

El alcalde considera que la subida podría vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público y el presidente de los empresarios la ve "viable"

La propuesta que la compañía ha puesto encima de la mesa genera reservas en el Concello. El alcalde, Paco Ferreira, considera que vulnera la Ley de Contratos del Sector Público al implicar “unha vantaxe sobre as demais empresas ofertantes”, y así se lo indican, asegura, los informes de los departamentos de Secretaría e Intervención municipales.

Otra vuelta de tuerca al bloqueo de A Pasaxe

Pero la prioridad para el equipo de gobierno es desbloquear la situación y agilizar una urbanización que supondrá un despegue para el polígono, así que el regidor mantendrá reuniones esta semana tanto con representantes de Copasa como con los empresarios para lograrlo. Ferreira asegura haber solicitado asesoramiento al departamento de Industria de la Xunta en busca de fórmulas legales que permitan otorgar la subida del precio la empresa y evitar una nueva licitación, pero asegura que “non aclarou nada” por el momento.

"Licitar de nuevo será más caro"

La Asociación de Empresarios de A Pasaxe apuesta por seguir la línea que plantea la constructora. “Es viable”, indica su presidente, Javier Díaz Gonda. La urbanización de la fase 1 del polígono de A Pasaxe se desarrollará mediante un sistema de cooperación por el que los titulares de los terrenos asumen los gastos de los trabajos. Sus aportaciones rondaban inicialmente los 40 euros por metro cuadrado, según los cálculos del plan de pagos elabrado hace años. Una cantidad que se incrementará considerablemente si se acepta la actualización de precios de la empresa. Asumen que tendrán que pagar más, pero advierten de que “si la urbanización se vuelve a licitar los costes se elevarán todavía más y las obras se retrasarán al menos otro año”, avisa Díaz Gonda.

La empresa recurrió ante los tribunales el rechazo del Concello a la suspensión de los trabajos que solicitaba

El alcalde espera encontrar alguna fórmula con garantías jurídicas de aceptar la oferta de Copasa. En caso de que no llegue esa solución, “inmediatamente esixirémoslle que empece a obra co orzamento inicial e se non o fai abriremos expediente sancionador e iremos ao xulgado contra a empresa por incumprimento do contrato”.

Después de tantas demoras, Ferreira considera “unha tomadura de pelo” la de la compañía. Recuerda que primero pidió prórrogas para acopiar el material, luego solictó una revisión de precios que el Concello sí le concedió –del 20% como máximo por ley– y a continuación una solicitud de suspensión de las obras por cuestiones técnicas que rebatieron tanto el arquitecto municipal como el director de obra, así que el Concello la rechazó mediante acuerdo plenario. La constructora ha presentado un recurso contencioso administrativo contra esa decisión municipal.

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