El bloqueo del polígono de Amoedo amenaza con arruinar al Concello

El rechazo del pleno de la corporación de Pazos de Borbén el pasado mes de la propuesta para una modificación puntual urbanística del polígono industrial de Amoedo, una actuación fundamental para desbloquear la paralización en la que se encuentra esta zona empresarial desde hace años, podría tener consecuencias catastróficas para el Concello.

La Asociación de Empresarios de Pazos de Borbén-Monte Galleiro, ante la negativa del pleno a regularizar la situación de este área empresarial, ha solicitado que se declare la nulidad de las licencias de actividad definitiva de todas las empresas y también el cierre de actividad, así como la reclamación de las indemnizaciones oportunas a las firmas por los daños y prejuicios ocasionados por está situación jurídica. Según el peritaje provisional, las indemnizaciones que se reclaman por parte las empresas superan los 98 millones de euros, una cifra que supondría la ruina para un Concello de solo 3.000 habitantes. Además a este importe había que añadir el coste de la restauración del espacio para devolverlo a su estado previo a la construcción del polígono.

Los comuneros logran la titularidad

Los problemas con esta zona industrial comenzaron en 2019 cuando la Comunidad de Montes de Amoedo recuperó la titularidad del polígono como propietario legítimo de los terrenos, tras ganar la batalla judicial que mantenía con el Concello, dirigido por el PP con el exalcalde Andrés Iglesias.

Ante esta sentencia, el Concello de Pazos inició los trámites para realizar una modificación puntual por expropiación del Plan Parcial regulador del suelo industrial, con la que pretendían expropiar los terrenos y recuperar la titularidad del polígono, y que fue rechazada por la Diputación y por la Xunta.

Al no prosperar la iniciativa de recuperación del polígono, el Concello inició otra modificación puntual por compensación, con la que pretende acreditar una serie de gastos derivados de la creación del polígono, para así reclamarle a la comunidad de montes esas cantidades y provocar el colapso económico de la misma.

Además de las acciones administrativas iniciadas por el Concello de Pazos de Borbén, los comuneros también aseguran que el anterior gobierno del popular Andrés Iglesias realizó una campaña de ataques contra los miembros de la junta rectora de esta entidad vecinal “llegando a afectarle a la vida diaria y personal” de los afectados, afirma el presidente de la comunidad de montes, Miguel Míguez.

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