La justicia valida el decreto del salario del alcalde de Gondomar recurrido por el PP
Considera que el acuerdo plenario de 2019, cuando Ferreira tenía mayoría absoluta, es válido mientras no exista otra propuesta diferente del regidor, tal y como mantenía este
Iria Lamas y Paco Ferreira durante un pleno. / ALBA VILLAR
D.P.
El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Vigo falló a favor del alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, en su pretensión de mantener los salarios del gobierno municipal, incluido su propio salario, aprobados tras las elecciones de 2019 cuando contaba con mayoría absoluta.
Además el juzgado aclara que el acuerdo de 2019 es valido mientras el regidor no presente una nueva propuesta que apruebe el pleno y sustituya la anterior, que no se circunscribirá a un solo mandato.
El fallo se produce tras admitir a trámite en octubre un recurso de la portavoz del PP, Paula Bouzós, sobre los decretos firmados por el alcalde para los salarios del gobierno local y puede ser la solución definitiva para los desacuerdos a la hora de fijar salarios al inicio de mandato en numerosos concellos, donde los gobiernos no cuentan con mayoría absoluta.
La sentencia afirma que “será conforme a Derecho una actuación como la impugnada, cuando esos decretos de alcaldía se apoyen en un acuerdo plenario precedente, aunque date de otro mandato distinto, siempre y cuando se respete, se mantenga la estructura de esas dedicaciones exclusivas y parciales, y sus retribuciones”. Con todo avisa que “será, en cambio, disconforme a Derecho un proceder así, emanado del órgano personal de la corporación local que es su alcalde-presidente cuando, aunque con sustento en un anterior acuerdo plenario, los nuevos decretos se aparten de lo que se había aprobado por el superior órgano colegiado”.
No existe discordancia
El Juzgado indica que en el caso de Gondomar “no existe discordancia entre lo propuesto por Alcaldía, lo informado por Secretaría e Intervención, y lo aprobado por el pleno en el año 2019, y lo que se ha aprobado por Alcaldía en el año 2023, que viene a ser una suerte de renovación de la estructura orgánica y retributiva de lo ya acordado en el pleno del 2019”.
En la demanda del grupo municipal del PP se acusaba a Paco Ferreira “de usurpar las competencias del pleno de la Corporación a la hora de otorgar las retribuciones a los ediles con dedicaciones exclusivas y parciales”. Los salarios validados son un sueldo de 50.000 euros anuales para el alcalde, el mismo que percibía durante el anterior mandato, y asignar a cuatro ediles –Iria Lamas, Nuria Lameiro, Brais Misa y Rocío Goberna– sendas dedicaciones exclusivas de 32.000 euros anuales y otra parcial para José Manuel Chamorro de 16.000.
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