Salceda solicita al TSXG la nulidad de la sentencia que falla en contra del “catastrazo”

El Concello de Salceda de Caselas ha solicitado formalmente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la nulidad de la sentencia firme que deja sin efecto la revisión catastral de una familia en Salceda, fallando que varios terrenos de su propiedad, considerados urbanos, son rústicos.

En un escrito enviado en el día de ayer por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Salceda al TSXG se solicita esta declaración de nulidad de la sentencia, amparando la misma en que no se llegó a emplazar al Concello para que pudiera personarse en los autos, tal y como ordena el artículo 49 de la Ley Reguladora de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a pesar de tratarse de un procedimiento que, por versar sobre un elemento de un tributo local, como es la base imponible a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), tendría que haberse emplazado para que pudiera comparecer.

El TSXG abre la puerta para hacer rústicos cientos de terrenos urbanos de Salceda

El gobierno local de Salceda tuvo conocimiento de dicha sentencia a finales del pasado mes de enero, cuando el despacho de abogados contratado por la Plataforma Vecinal contra el Catastrazo, impulsada por el actual portavoz del BNG, Tano Guerra, difundió una nota de prensa dando a conocer la noticia, encabezada por el titular: “El TSXG anula el Catastrazo de Salceda de Caselas por el que habrá que devolver 1,2 millones de euros a 5.000 vecinos”. Esto alarmó al Concello, que desconocía la existencia de dicha sentencia, con fecha del 19 de octubre de 2023. Por ello, desde el ejecutivo local hicieron un llamamiento a la calma y aclararon que el fallo judicial solo anulaba la revisión catastral de un caso concreto.

“Obviamente, la falta de emplazamiento le causó a este Concello una evidente indefensión, al haberse dictado una sentencia que incide directamente en su esfera de competencias, sin darle la oportunidad de poder personarse y alegar lo que estimase oportuno en defensa de los valores catastrales, que sirven de baste imponible al Impuesto de Bienes Inmuebles”, reclama el Ayuntamiento de Salceda ante el TSXG.

“Como alcaldesa, me corresponde velar por el interés general y garantizar la seguridad jurídia sobre aquellos terrenos a los que se los otorgó licencias directas para urbanizar"

En este sentido, indican que, de haber sido notificados, el Concello de Salceda habría tenido la oportunidad de acreditar que la tesis que defiende la parte recurrente “es absoluta y totalmente errónea” y que “no es cierto que el suelo se clasifique en el planeamiento municipal de 1997 como no urbanizable, puesto que las normas subsidiarias lo clasifican como suelo no urbanizable de núcleo rural, que es una categoría que deriva de la Ley 13/85 de Adaptación de la del Suelo a Galicia, distinción que ya no se recogió en la Ley 1/97 del Suelo a Galicia, que en su Disposición Transitoria Segunda, apartado 5, consideró ya los suelos incluidos en los núcleos como suelo de núcleo rural, y que así se vino ya considerando desde entonces en las posteriores leyes en la materia, la Ley 9/2002, y también en la vigente Ley 2/2016”.

Cabe recordar que la parte demandada no es el Concello de Salceda, sino el Ministerio de Hacienda, que en 2021 impuso una revisión de los valores catastrales de Salceda, así como de los otros municipios de A Louriña: Porriño y Mos, lo que se traduce en una subida del IBI. Con todo, el Concello es el receptor de los tributos y, por tanto, parte interesada.

“Como alcaldesa, me corresponde velar por el interés general y garantizar la seguridad jurídia sobre aquellos terrenos a los que se los otorgó licencias directas para urbanizar. No es ir en contra de la única sentencia emitida hasta ahora, sino que es velar por el conjunto”, explica la alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, sobre la decisión de reclamar la nulidad de la sentencia.

Escrito al TEAR

Complementariamente, el Concello de Salceda también ha solicitado al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia (TEAR), dependiente del Ministerio de Hacienda, que le notifique si existen más recursos contencioso-administrativos interpuestos por particulares contra acuerdos de fijación de valores catastrales o “cualquier otros en los que sean susceptibles de dictarse resoluciones judiciales que de cualquier manera incidan en los derechos e intereses municipales”.

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