Los exalcaldes del PP de Nigrán Alfredo Rodríguez Millares y Avelino Fernández Alonso se sentarán en el banquillo acusados de presuntos delitos de prevaricación y cohecho, igual que el exconcejal Antonio Fernández Comesaña. El Juzgado de Instrucción Número 3 de Vigo concluye, tras ocho años de investigación, que amañaron supuestamente en el año 2004 el contrato del servicio de recogida de basura en favor de la actual concesionaria, Cespa (ahora PreZero), a cambio de mordidas, de 102.173,35 euros para Alfredo Rodríguez, 88.206 euros para Avelino Fernández y 7.409 para Comesaña, además de alquileres de bajos comerciales propiedad de estos dos últimos, que habrían llegado a percibir 57.696 euros y 7.200 euros al año, respectivamente.
El juicio está previsto la última semana de este mes en el Juzgado de lo Penal Número 2 de la ciudad olívica. La Fiscalía solicita un año de prisión para cada uno de los excargos públicos y multas que suman un total de 57.000 euros.
Cespa alquiló un local comercial a Avelino Fernández por 57.696 euros al año y otro a Comesaña, su esposa y dos socios por 16.560 anuales al firmar el contrato
La lista de acusados incluye a otras seis personas. Jorge González Díez, representante legal de Cespa en aquel momento, se enfrenta a los mismos delitos que los representantes públicos y la misma petición de condena que Alfredo Rodríguez: un año de prisión por el supuesto delito de cohecho y 50.000 euros de multa. Para la esposa de Comesaña, Carmen Fernández Lemetre, por presunto cohecho, igual que para los funcionarios ya jubilados Eloy Rodríguez y Álvaro Fernández, el ministerio público también solicita un año de cárcel. A otro funcionario, Antonio Pérez Collazo, ingeniero municipal entonces, también retirado, se le imputa supuesta prevaricación, como a Antonio González Ferreira, ingeniero de una consultora privada. Para ambos pide la fiscal cinco años de inhabilitación.
Los hechos por los que todos ellos serán juzgados sucedieron hace 18 años, durante el mandato del bipartito PP-Partido Independiente de Nigrán (PINN) que gobernó el municipio de 2003 a 2007 liderado por el popular Alfredo Rodríguez. Sus socios de gobierno eran Avelino Fernández, también exalcalde popular de 1987 a 1995 que había abandonado el partido por discrepancias y fundado la formación independiente en el arranque del siglo, y Antonio Fernández Comesaña, número dos de aquella agrupación escindida del PP.
La Fiscalía afirma en su escrito de acusación que el entonces regidor, “actuando con la intención de de obtener un beneficio económico de carácter ilícito y de vulnerar principios fundamentales en el funcionamiento de las administraciones públicas, se concertó con el delegado de la empresa Cespa, Jorge González Díez, para lograr del pleno la adjudicación final del servicio a cambio de una serie de beneficios a autoridades y funcionarios del Concello”. Para ello, argumenta la acusación pública, Millares habría presentado un pliego de condiciones sin firma, no elaborado por personal del Ayuntamiento, con “cláusulas subjetivas” y un incremento del precio más de un 50% mayor al de la anterior adjudicación del servicio, que se aprobó en pleno con los votos de PP y PINN.
La acusación pública señala que Rodríguez encargó un informe a la carta a la consultora privada de un socio suyo
Al concurso se presentaron cuatro empresas: FCC, Geseco, Urbaser y Cespa. Rodríguez encargó una valoración de las ofertas “con el fin de lograr la adjudicación final a Cespa” a una consultora privada, Soloplan, con cuyo ingeniero, José Antonio González Ferreira, “estaba en connivencia”. Y es que este técnico era su socio en otra empresa, Lagares Ingeniería.
El informe otorgó la mayor puntuación a Cespa y el exalcalde se lo presentó a los miembros de la mesa de contratación dos horas antes de reunirse y proponer la contratación al pleno, que aprobó la adjudicación del servicio a la citada compañía el 29 de octubre de 2004.
Alquileres
Un día antes de la sesión plenaria, el delegado de la concesionaria firmó el contrato de alquiler con Avelino Fernández Alonso del bajo donde la empresa tiene las oficinas, en la calle Rosalía de Castro, por 57.696 euros anuales, 7.409 al mes, renta que se rebajó a 2.400 euros en mayo de 2010. Precios que la acusación pública considera “desproporcionados en relación al valor del suelo catastral de los inmuebles” y que pretendían, apunta el ministerio público, compensar al líder del PINN por “mover su voluntad para asegurarse” de que fuese Cespa la adjudicataria. En aquel momento, Avelino Fernández ocupaba su acta de concejal como líder del PINN, aunque las responsabilidades de gobierno recaían sobre su número dos, Antonio Fernández Comesaña.
Cespa alquiló tan solo cinco días después de aprobarse el contrato el bajo de Panxón donde guardaba material, que resultó estar divido en tres partes, propiedad de otros tantos socios. Una de las dueñas era la esposa de Comesaña, a la que la concesionaria pagó 7.200 euros anuales, 600 al mes, durante años, según el escrito de acusación. Los otros dos eran los funcionarios Eloy Rodríguez y Álvaro Fernández, que percibían 4.680 euros al año cada uno, 390 mensuales.
La investigación rastreó las cuentas de todos los acusados. En la de Alfredo Rodríguez encontró 102.173,35 euros de origen desconocido que atribuye al soborno por parte de Cespa. La Fiscalía apunta a que, además de las rentas, Avelino Fernández y Antonio Fernández Comesaña habrían percibido también de la adjudicataria 88.206,71 y 7.409 euros, respectivamente.
