La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado que la alcaldesa de Porriño no prevaricó en la compra de dos locales en el centro de la localidad, que previamente el Concello había alquilado.
El tribunal provincial archivó la causa judicial emprendida por el portavoz del PP, Alejandro Lorenzo, por supuesta prevaricación administrativa contra la actual regidora, Eva García de la Torre. Los locales adquiridos por el Concello a una empresa local están destinados a la ubicación del aula de la UNED de la villa y a distintos servicios municipales.
La resolución judicial confirma el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia, que ya decidió en febrero de este año el Juzgado de Instrucción número 2 de Porriño, y es acorde también con la posición de la Fiscalía que también pidió el archivo.
El auto confirma de manera definitiva la resolución previa del Juzgado de Instrucción que ya concluyó que en el procedimiento para el alquiler y posterior compra de los locales se había ajustado a la normativa y a los precios de mercado con la emisión de los informes técnicos municipales favorables. Asimismo, el tribunal asume que “por ningún lado había quedado constancia de que estos alquileres y compras fueran innecesarios o estuvieran orientados a beneficiar a terceras personas, ya que todos los locales están bien situados, cerca del Concello de Porriño y resultaban idóneos para sus finalidades”.
Descarta la prevaricación administrativa
La resolución de la Audiencia indica que “la circunstancia de que, si los alquileres se iniciaron en julio de 2017 y en marzo de 2018 los resolvieron de mutuo acuerdo, el Concello de Porriño y la empresa pudiera resultar extraño que esta última, aun así, reclamara los alquileres de aquel periodo; podrá ser discutible todo lo que se quiera, pero, precisamente por esto y en ausencia de otros aspecto, excluye el presunto delito de prevaricación administrativa que se pretendía”.
Según explicó la alcaldesa, la resolución de la Audiencia Provincial llega justo después de que el Partido Popular hubiera puesto en cuestión su honorabilidad por esas operaciones inmobiliarias del Ayuntamiento con una mercantil local y de las acusaciones vertidas por su portavoz en el pleno extraordinario que se celebró el pasado miércoles, a instancias del grupo municipal del PP.
La alcaldesa valoró esta resolución judicial “con gran satisfacción por que las cosas se van poniendo en su sitio” y se trata “de la segunda decisión judicial en una semana que finalizan denuncias hechas por el PP basadas en insidias y calumnias vertidas contra mí acusándome de la comisión de un sinfín de delitos”.
“Espero que pronto veamos alguna resolución judicial semejante en lo que alcanza la causa principal (desbroces) que llegue a la misma conclusión que esta sentencia de la Audiencia Provincial y la anterior del Tribunal de Cuentas del Reino, y por lo tanto podamos salir airosos de tantas insidias”, valoró García de la Torre.
El PP sugiere que puede reabrir el caso
A pesar del sobreseimiento de la Audiencia, sobre el que no cabe recurso, el PP, a través su portavoz, Alejandro Lorenzo, asegura que puede reabrir el caso y aportar nueva documentación. “Esta empresa tiene sus facturas sin abonar por parte del Ayuntamiento y no cumple con los pliegos técnicos establecidos para los alquileres, y en el momento que se le pague, sí así lo hace el Ayuntamiento, tomaremos las medidas judiciales que así correspondan, sin lugar la dudas”, indicó Lorenzo, que recordó que el auto no es una sentencia absolutoria sino un archivo de una denuncia. Recuerda además que el Auto deja abierta la posibilidad de recurrir a otras vías como la del contencioso-administrativo.
