Las posibilidades de salvar del derribo el bloque de pisos ubicado en los números 29 y 31 de la Avenida Julián Valverde de Sabarís se agotan tras 18 años de proceso judicial. Un nuevo auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) urge al Concello de Baiona por cuarta vez, y ya de forma definitiva, la puesta en marcha de la demolición para cumplir con la sentencia del Supremo que declaró ilegal el inmueble en 2010. De hacerse efectiva finalmente la amenaza de la piqueta, las arcas municipales podrían sufrir un descomunal golpe, ya que la comunidad de propietarios de las 19 viviendas y 5 bajos comerciales reclama al Ayuntamiento 6,1 millones de euros, algo más de dos terceras partes de su presupuesto anual, que apenas llega a los 9 millones.
Hace una semana, el pasado miércoles, el Alto Tribunal resolvió "requerir personalmente al alcalde de Baiona", el socialista Carlos Gómez Prado, a tomar medidas para ejecutar la mencionada sentencia. Insta al Ayuntamiento a presentar en el plazo de un mes una hoja de ruta del derribo que recoja "las actuaciones materiales, y, en su caso, los trámites necesarios para llevar a cabo la demolición" y exige que remita un oficio mensual a la sala "para informar detalladamente de las medidas adoptadas".
De no recibir puntualmente dicha información, el TSXG advierte al regidor, advierte al regidor de multas coercitivas de 150 a 1.500 euros que deberá abonar de su bolsillo, sanciones que "que podrán reiterarse mensualmente hasta la completa ejecución del fallo", señala el texto de la resolución judicial, que le avisa además de que puede abrírsele una causa penal por desobediencia.
Paralelamente, la misma sala requiere al alcalde que "en el plazo de tres meses presente garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe". Esto significa según explican fuentes judiciales, que el Concello debe reservar una cantidad de dinero para afrontar las compensaciones que se puedan derivar en el futuro de las reclamaciones patrimoniales de los propietarios u arrendatarios de las viviendas afectadas.
Damnificados
Todos ellos tienen también tres meses para demostrar ante el Ayuntamiento que son realmente damnificados que no tuvieron oportunidad de defenderse en el procedimiento. El TSXG considera como tales únicamente a "aquellos que acrediten tener un derecho sobre el edificio litigioso con anterioridad al 2 de noviembre de 2002", fecha en que el denunciante realizó una anotación preventiva sobre el inmueble en el registro de la propiedad para advertir de su ilegalidad.
El edificio comenzó a construirse en 2001, tras obtener la promotora, Osyris Alba S.L., la licencia municipal que el Concello de Baiona le otorgaba después de aprobar un estudio de detalle o plan urbanístico específico para la parcela. Todo en la etapa del independiente Benigno Rodríguez Quintas en la Alcaldía.
El propietario de la vivienda contigua acudía entonces a los juzgados para denunciar la irregularidad urbanística y el agravio comparativo, dado que su casa había sido declarada bien de interés cultural por ubicarse dentro del conjunto histórico artístico de Baiona, figura que le impide realizar cualquier ampliación. Defendido por el despacho de abogados vigués Martínez Barros & Narbón, el demandante ponía en marcha un pleito que se aproxima ya a las dos décadas.
Supremo
El Tribunal Supremo le dio la razón en 2010 y anuló tanto el permiso de construcción como el plan especial aprobado para levantar el inmueble. La sentencia obligaba ya entonces al Concello a demoler y confirmaba que el proyecto incumplía la normativa urbanística, mientras que el Ayuntamiento lo declaraba ilegalizable por sus irregularidades en 2013, con Jesús Vázquez Almuiña como alcalde.
A partir de entonces, el demandante prosiguió su lucha reclamando a los tribunales la ejecución de la sentencia que el TSXG exige ahora una vez más al Ayuntamiento baionés.
