La concejala de Nigrán acusada por la Fiscalía de dos delitos de fraude a la Hacienda Pública y otro de falsedad documental, la popular Ana Rosa Costas Abalde, se siente víctima de una "repulsiva campaña mediática". Por eso presentó ayer su dimisión "irrevocable" a través de una carga dirigida al alcalde, Alberto Valverde. Lo hizo ocho días después de que FARO publicase que el ministerio público solicita para ella una condena de cuatro años y nueve meses de prisión, además de multas que suman 542.700 euros y el abono de otros 418.664 a la Agencia Tributaria, precisamente la cantidad que según el fiscal habría defraudado en relación al IVA y al impuesto de sociedades, como administradora única de la empresa Maderas y Transportes Rafael Costas S.L., a través de nueve facturas falsas a lo largo de 2005.

La número 5 de la lista electoral del PP deja sus cargos como responsable de las áreas municipales de Educación y Personal y su puesto en la Corporación ante unos problemas de salud agudizados por esta situación. Apunta a la existencia de informes médicos que la alertan "de un posible colapso físico y psíquico".

Añade a sus argumentaciones "el firme propósito de evitar ser un lastre para el gobierno". Y es que su imputación judicial asesta un nuevo golpe al gobierno del PP en Nigrán, debilitado por la pérdida de la mayoría el pasado septiembre, cuando el que fue hombre de confianza del alcalde, el exconcejal de Urbanismo Ignacio Vilas dejó su cargo en el gobierno y se pasó al grupo de no adscritos por discrepancias respecto al PXOM.

Urdangarín y Conde Roa

Pero, pese a la trascendencia de las acusaciones del fiscal, Ana Rosa Costas apenas dedica unas líneas en su carta al asunto. "No voy a entrar a justificar mi inocencia ni a acreditar que las actuaciones judiciales que se siguen contra la empresa de mi familia son incorrectas. Porque eso supondría no ser respetuoso con la Administración de Justicia", subraya. El ministerio público le atribuye la presunta elaboración de recibos ficticios por servicios o materiales nunca recibidos con la intención de eludir hasta 418.664 euros en impuestos, una cantidad mucho mayor por la que el exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa fue condenado el pasado octubre a dos años de prisión, 291.000 euros, y también superior a los 280.000 que Hacienda considera defraudados por parte de la empresa de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, Aizoon, entre 2007 y 2010.

Lo único que argumenta Costas en su defensa es una firme lucha contra la corrupción. "No he venido a lucrarme de fondos públicos, ni de prebendas políticas. Por el contrario, he combatido con firmeza, desde mi cargo, todas aquellas situaciones contrarias a la ley. Posiblemente esta firmeza con la que he llevado a cabo la persecución de estas corruptelas hayan provocado esta intensidad persecutoria contra mi persona y contra mi familia", defiende.

Por último, agradece al alcalde y al Partido Popular que le hayan permitido tomar la decisión de marcharse con libertad e insta a Valverde a "seguir combatiendo todo lo que considera injusto y perjudicial para los vecinos de Nigrán", labor para la que le ofrece su apoyo.

Sin nada que objetar, Alberto Valverde aceptó la dimisión y lamentó la "perdida de una profesional de su calibre". El regidor reiteró ayer su "confianza" en su inocencia, además de destacar su "trabajo ejemplar y su admirable dedicación y tenacidad" en la Administración local.