A Lomba se postula como escenario para acoger el 27 de julio un partido internacional amistoso entre el Celta y el Lille francés. La Federación Gallega de Fútbol ha sido la entidad impulsora de una posibilidad que todavía tiene que cristalizar puesto que hay una serie de condicionantes que van más allá de la voluntad de las partes.

La intención del ente federativo presidido por Rafael Louzán es la de convertir este encuentro en el impulso económico prometido al Arosa tras conocerse el problema derivado de la caída del exutillero de la entidad y que ya ha ocasionado el pago de cerca de 200.000 euros tras demostrarse la relación laboral entre ambas partes. En esta línea todavía está en proceso judicial la demanda por vía penal y que podría incluso derivar en cárcel para el presidente Manuel Abalo de ir adelante la petición de 400.000 euros y tres años de prisión de la acusación particular.

Una de las cuestiones que se está mirando con lupa es el estado del césped de A Lomba. El propio Celta ha tomado cartas en el asunto y ha enviado a sus propios técnicos para realizar un informe del verde y del tratamiento a realizar para que pueda presentar unas condiciones acordes a un partido de esta talla. Cabe recordar que el Lille será un equipo que dispute la Champions League el próximo curso tras su segunda plaza en la Ligue 1 de Francia.

Los costes derivados de un partido de este tipo suponen el obstáculo a salvar por todas las partes implicadas, incluido el propio Concello de Vilagarcía como propietario de la instalación y responsable del mantenimiento del terreno de juego.

El presupuesto de costes de producción del encuentro supera ahora mismo las posibilidades de la entidad municipal, por lo que todo queda a expensas de una negociación entre Celta, FGF, Concello y Arosa para que el partido pueda llevarse a cabo reduciendo las partidas iniciales situadas en torno a los 50.000 euros en materia de tratamiento del césped, seguridad en A Lomba, mejoras en vestuarios y hospitalidad con los equipos.

La implicación de la Federación y el propio Celta en traer a Vilagarcía un evento de primer nivel como éste es absoluta. Ahora falta una negociación entre las partes para ultimar detalles, sobre todo en lo relativo a la financiación de los gastos fijos y ver en qué medida es asumible para poder alcanzar el propósito de que se convierta en un espaldarazo económico tan importante como necesario para el club arousano.

Fatídica caída

Hace nueve años Manuel Abalo asumió la presidencia del Arosa con una deuda de un cuarto de millón de euros, si bien su encomiable labor permitió reflotar la entidad. Pero en 2015 un nuevo revés golpeó al Arosa con un accidente que sufrió el utilero José Manuel García Bello, al precipitarse desde el tejado de la grada de Preferencia de A Lomba.

Acaeció el 9 de abril de aquel año cuando, ayudado por un operario del Concello de Vilagarcía, el utilero accedió a través de una plataforma a la cubierta con el objeto de recoger los balones que habían quedado arriba. García Bello caminaba sobre la visera a lo largo de una de las viguetas, pero un tropiezo le hizo trastabillar y poner pie en la uralita, deteriorada ya por el paso del tiempo, y fue ahí cuando se precipitó abajo en una caída de seis metros de altura que le llevó a impactar sobre una bancada escalonada de hormigón.

A partir de ahí, García Bello presentó una demanda que demostraba su vinculación laboral con el Arosa, lo que obligó al club a desembolsar entonces cerca de 200.000 euros en concepto de sanciones a la Seguridad Social y para indemnizaciones a García Bello. Pero el accidente no acabó ahí, porque un juzgado de lo social decretó un recargo económico.

Por si fuera poco, todavía queda un juicio pendiente de celebración por una demanda por la vía penal, probablemente a celebrar este verano y que, llegado al extremo, puede conllevar incluso pena de cárcel de dos años para Manuel Abalo, como solicita el ministerio fiscal por dos presuntos delitos: uno contra el derecho de los trabajadores y otro de lesiones imprudentes. La acusación particular de García Bello ha cifrado sus peticiones en 400.000 euros y tres años de prisión para el presidente del equipo arlequinado.