Deniegan un abogado de oficio a víctima de violencia de género con dos hijos, amenazada por su expareja y sus cuñados

Cuando una mujer víctima de violencia de género y supuestamente protegida proclama que cree estar “perdiendo el tiempo” al denunciar, y cuando añade que no se siente arropada y que no se atreve a salir de casa, es que algo falla en el sistema.

Ese es el caso de María (nombre ficticio), una mujer de unos 30 años que es víctima de violencia de género, madre de dos niños de menos de 5, con orden de protección a su favor.

Una vecina natural de Caldas que vivió diez años con su pareja en Vilagarcía, que tras separarse tuvo que ir a “refugiarse” a casa de un amigo en Cuntis y que alega que su expareja la dejó sin dinero y que no le ayudó con la hipoteca.

Por si no fuera suficiente, parece que la familia de su expareja la sigue e insulta en la calle y el trabajo, razón por la cual denunció a sus cuñados por supuestos delitos de acoso y amenazas acaecidos en Caldas.

Dado que el juez archivó este asunto, pidió un abogado de oficio para que se encargara del recurso correspondiente y le fue denegado, “aunque la ley dice que tiene derecho a abogado gratis, por ser víctima de violencia de género y no tener unos ingresos mínimos”, explica la letrada del turno de oficio que la asistió en el procedimiento judicial inicial, en el que se dictó la orden de protección y alejamiento.

Siento que no se está haciendo nada; tengo la impresión de que estoy perdiendo el tiempo

A todo esto se suma “un quebrantamiento de condena” y otras situaciones que llevan a María a una situación de “desesperación” absoluta.

De ahí que haya decidido hacer pública su preocupante situación, con la esperanza de que alguien le tienda la mano para “salir del pozo”.

Sobre todo porque, insisten otros abogados consultados, “no se cumple la ley, ya que tiene derecho a un abogado gratis”, y “no está siendo atendida en condiciones por las instituciones”.

El caso de María, una de tantas mujeres en idéntica o incluso peor situación, tiene ahora más actualidad que nunca, pues aún resuenan los ecos del 25-N; efemérides con la que se reivindica la igualdad, se repudia el machismo y se condena cualquier tipo de violencia contra la mujer.

Lo que sucede es que, una vez superada esa fecha, y como diría un castizo, para muchos “pasó el día, pasó la romería”.

Pero en realidad no es así, y cada día es 25-N, ya que hay demasiadas mujeres –con solo una ya serían muchas– que deben seguir sufriendo y peleando por sus derechos y, a veces, por su vida.

De ahí la trascendencia de este caso y la valentía que muestra María al hacerlo público, tratando de ayudarse a sí misma, a sus hijos y a otras mujeres en su misma situación.

Mujeres que, quizás, piensen lo mismo que ella cuando dice tener la sensación de que “no se está haciendo nada” para ayudarla.

Lo cree así porque, “aún estando en riesgo alto otra vez, no veo que hagan nada, salvo vigilarme a mi”, reflexiona.

Estoy en riesgo alto otra vez, pero no veo que hagan nada, salvo vigilarme a mi

Visiblemente preocupada, tiene la impresión de que está “perdiendo el tiempo” y lamenta que, “aún presentando pruebas para que hagan algo, veo que él está por ahí tranquilo, mientras que soy yo la que no puede salir sola de casa”.

Las pruebas

Para valorar todo esto y entender mejor la preocupación de María, cabe aludir a algunos de los documentos que muestra. Por ejemplo, la denuncia presentada el pasado 12 de abril ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vilagarcía, donde hizo constar que se sentía acosada y que tuvo que cambiar las rutas para ir y volver a casa desde el bar en el que trabajaba.

También denunció que su ex la empujó en una ocasión contra la puerta de la cocina y que acabó siendo atendida en el centro médico, donde alegó que se había caído de la ducha.

Para añadir en la denuncia que cuando la agarraba le dejaba marcas y que practicaba con ella sexo no consentido, cuando dormía.

“Me decía que si lo dejaba se mataba, que no podía vivir sin mi, que no le podía quitar a los niños, que sin mi no tenía sentido la vida...”, explica la denunciante.

En presencia de los niños

Como también que “las discusiones y el maltrato físico y psicológico se producían en presencia de los niños”, lo cual llevó incluso a cambiar la actitud de estos con su madre. El pequeño llegó a llamarla “puta”.

Fruto de esa denuncia, y aquel mismo día, el Juzgado número 3 le concedió orden de protección, prohibiendo a su expareja aproximarse a ella “en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su domicilio habitual o accidental, a su lugar de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ella a una distancia inferior a 200 metros; así como comunicarse con ella por cualquier medio”.

También se le prohibía, expresamente, “contacto escrito, verbal o visual hasta que se dicte resolución firme que ponga fin al presente procedimiento, bajo apercibimiento de incurrir en un delito de quebrantamiento de medida cautelar”.

Me decía que si lo dejaba se mataba, que no podía vivir sin mi, que no le podía quitar a los niños, que sin mi no tenía sentido la vida...

Asimismo, el juez atribuyó a María la guarda y custodia de los niños, manteniendo ambos progenitores el ejercicio de la patria potestad de forma compartida; con un régimen de visitas y comunicaciones.

De este modo, el presunto acosador debía abonar 150 euros mensuales por cada hijo en concepto de “alimentos”. Y se acordó así al entender que “concurren los requisitos para la adopción de la orden de protección solicitada por el Ministerio Fiscal y la denunciante”.

Guardia Civil de Cuntis

Lo que sucede es que solo cinco días después, María tuvo que acudir a la Guardia Civil de Cuntis para presentar una denuncia que se sumaba a las realizadas el 31 de marzo –aunque rompieron en diciembre él se fue de casa aquel mes– y el 10 de abril, todas por violencia de género y formuladas ante la Policía Nacional de Vilagarcía.

Ante la benemérita hizo constar que el Juzgado de Vilagarcía había resuelto la semana previa la citada orden de protección y alejamiento, a pesar de lo cual su expareja no solo se acercó a ella, sino que lo hizo “con risa cínica y desafiante”.

Fue en presencia de testigos y cuando se encontraba en Cuntis con sus hijos, primero en un bar cercano al consistorio y después, en otro próximo al centro médico.

Los problemas no terminaron ahí, sino que continuaron días después, el 28 de abril. Fue entonces cuando, hasta en tres ocasiones y diferentes lugares, el hermano de su expareja y la novia la insultaron y amenazaron, según denunció ante la Guardia Civil de Caldas.

Unos hechos que, al parecer, se habían repetido desde que puso la denuncia contra su ex por quebrantamiento de la orden de protección.

Esta vez María relató que la persiguieron en coche y que tenía tanto miedo que “cambiaba de vehículo” con sus amigos.

Pone como ejemplo que aquel 28 de abril a las siete de la tarde, sus cuñados se acercaron a ella para llamarle “yonqui de mierda” y “drogadicta”, acusándola de haber denunciado en falso a su expareja.

Más tarde, cuando ya estaba en el bar donde trabajaba aparecieron de nuevo los cuñados y María no quiso atenderlos, por lo que “empezaron a gritar y amenazar” de nuevo.

“Resulta plenamente creíble”

Loc ierto es que cuando el juzgado de Vilagarcía decretó la orden de protección y alejamiento, lo hizo al entender que de la declaración de María se desprendía “la necesidad de acordar algún tipo de medida que impida que las partes tengan contacto, toda vez que la versión de los hechos que ofrece se considera dotada de veracidad, relatando de forma contundente, clara y sin apreciarse ningún tipo de ánimo espurio ni contradicción en unos hechos que merecen la oportuna protección, pues pudieran ser constitutivos de un delito de acoso”.

Además, la denunciante “mantuvo de forma persistente y coherente la misma versión”, dejando claro que su expareja la había estado siguiendo y acosando durante días, haciendo que se pusiera tan nerviosa que tuvo que salir casi huyendo del lugar en que se encontraba en diferentes ocasiones.

“Hay indicios de acoso”

El juez entendió en aquel momento que la declaración de la denunciante “resulta plenamente creíble” y que “constan indicios de un delito de acoso”.

Como “también consta una situación de riesgo objetivo para la víctima” desde la ruptura de la pareja, en diciembre de 2022.

Desde entonces se ha detectado “un incremento de la tensión y el hostigamiento por parte del denunciado que genera un evidente riesgo para la denunciante”, considera la Justicia.

La violencia de género se enquista en los jóvenes

Algo que parece corroborar el informe de valoración policial, en el que se habla de la “existencia de antecedentes de agresiones físicas o sexuales” y de la “manifestación de ideas de suicidio por parte del denunciado que revelan nuevamente la situación de peligro generada sobre la perjudicada”, considera el juez.

Que también ha tenido en cuenta que el denunciado “habría estado sometido a tratamiento psiquiátrico”, lo cual “genera la incertidumbre de si una eventual patología podría derivar en actos agresivos sobre la víctima o sus hijos, lo que aumenta la percepción del peligro mencionado”.