El fiscal solicita más de sesenta años de prisión a la organización que supuestamente dirigía el exalcalde de Ribadumia José Ramón Barral supuestamente dedicada a la importación de grandes cargamentos de tabaco por vía marítima o a través de contenedores, cuatro de ellos intervenidos en el puerto de Vigo a mediados de 2001. El próximo 26 de julio, salvo suspensión, se dilucidarán las cuestiones preliminares del juicio cuya fecha está aún por determinar, según pone de manifiesto la propia Fiscalía Superior de Galicia.
Son un total de diez los encausados llamados a comparecer la próxima semana en la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra que lleva el procedimiento por uno de los escándalos de finales de los noventa, y que puso fin a la etapa del regidor municipal que renunció tras haber sido detenido en esta causa, pero que a la vez reveló una trama en la que han resultado implicados funcionarios públicos, entre ellos de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil.
El fiscal indicaba en su escrito inicial que ocho de los diez acusados, de acuerdo con otras personas de nacionalidad portuguesa, holandesa, suiza, croata, norteamericana, inglesa y polaca “han venido integrando en Europa y España, fundamentalmente en las provincias de A Coruña y Pontevedra, desde el año 1996 hasta mayo de 2001, un grupo organizado estable con proyección internacional, y delimitada asignación de tareas y jerarquización, con la finalidad de procurar la introducción en España y en el territorio de la Unión Europea, de importantes partidas de labores de tabaco de procedencia extracomunitaria, por vía marítima y terrestre, así como por contenedor”. Disponían para ello de “dos pesqueros y un buque mercante”.
En su escrito, el fiscal considera que José Ramón Barral es quien “ostenta(ba) la máxima capacidad de decisión en ese grupo en territorio español, proyectando, planificando y dirigiendo las labores a desempeñar por los demás integrantes de la misma”, mientras que su hermano era el eslabón con los componentes del mando intermedio, entre ellos el experto capitán del buque o dos funcionarios de Vigilancia Aduanera de A Coruña que serían los que supuestamente les facilitaban información sobre las rutas expeditas.
Asimismo en la organización figuran otros dos agentes de la Guardia Civil que según el fiscal darían información privilegiada a los responsables de la organización.
Respecto a los buques del entramado, el Ministerio Público indica que son tres y el primero de ellos es un pesquero que bajo distintas denominaciones “es propiedad de Barral”, si bien “para ocultar su verdadera titularidad, amparaba la misma en sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales o bajo pabellones de conveniencia, que habrían participado hipotéticamente en (anteriores) transportes de grandes cantidades de tabaco de contrabando”. Añade que para completar la ruta “recurrían al transbordo en un segundo barco, como se observó por el servicio aéreo de Vigilancia Aduanera que además de ello localizó un tercer buque “nodriza” en medio del océano.
Pero dichas actividades de transbordo quedarían finalmente suspendidas ya que, según el escrito de acusación, los máximos responsables de la organización recibieron la filtración de las investigaciones y de que había escuchas, por lo que anularían el operativo.
En julio de 1999, el fiscal subraya que se produjo un nuevo intento de introducir tabaco de contrabando por vía marítima, pero de nuevo hubo sospechas sobre la investigación y se paralizó otro viaje programado desde Polonia, con lo que el cargamento regresaría al puerto de Rotterdam en Holanda.
Fue al verse acorralados por la vigilancia marítima y aérea a sus embarcaciones cuando se puso presuntamente en marcha otro método de introducción a través de contenedores que fueron intervenidos en el puerto de Vigo en mayo de 2001 con tabaco de la marca Magnum especial enviado desde Jebel Ali (Emiratos Árabes) escondido al parecer entre paneles de madera contrachapados.
La petición de penas para el exalcalde es de tres años de prisión y 18 meses de multa por el presunto delito de asociación ilícita, otros tres de cárcel por la acusación de contrabando y cuatro años y medio y otros 18 meses de multa por presunto cohecho, a lo que hay que sumar 150 millones de multa.
Para todos los demás implicados, el fiscal solicita penas de entre dos y seis años de cárcel, si bien a los funcionarios públicos, tanto de Vigilancia Aduanera como de la Guardia Civil se les imputa también el supuesto delito de revelación de secretos por lo que se enfrentan a sendas penas de 18 meses de multa.
