La directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Ana María Oroño, trató el miércoles de apagar el incendio que se ha declarado en Cambados por un informe de su departamento, pero lo que ha conseguido es echarle más gasolina al fuego. La Confederación Mar-Industria Alimentaria emitió a primera hora de la tarde de ayer un comunicado en el que sostiene que ha recibido “con asombro” las declaraciones de la dirigente del Ministerio para la Transición Ecológica, y que ahora están aún más preocupados que antes.
“Lejos de transmitirnos la tan necesaria tranquilidad y seguridad jurídica, que unánimemente solicitaron las fuerzas políticas y sociales de Cambados, ha conseguido usted reafirmar que nuestros temores eran ciertos y ha conseguido sostener nuestra incertidumbre ante una carencia de líneas objetivas en la toma de decisiones de su departamento”, argumentan.
La Confederación, integrada por colectivos de depuradores o conserveros, entre otros, advierte que Ana María Oroño, “o bien no conoce el informe elaborado por su departamento, o bien no le han transmitido correctamente la información”, puesto que las afirmaciones de la directora general quedan en papel mojado al compararlas con lo que indica el documento en cuestión. Este, según la patronal, cita expresamente a tres depuradoras de moluscos de Cambados, y dice textualmente que, “convendría estudiar el traslado de dichas instalaciones fuera del dominio público marítimo terrestre al vencimiento del título de concesión vigente”.
Los empresarios sostienen que el mensaje de Oroño, “no ha conseguido más que acrecentar el malestar social y la incertidumbre”, y recuerda que fue ella quien firmó el informe y que, en consecuencia, debería conocerlo mejor. Por lo tanto, las garantías que la directora general dio el miércoles a las depuradoras a través de una llamada telefónica al alcalde de Cambados han caído directamente en saco roto.
La Consellería do Mar acusa a Costas de invadir competencias de Galicia y de sembrar inseguridad jurídica
También se ha mostrado contundente la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, que afirma haber recibido con “perplejidad” las declaraciones de Oroño. El departamento que dirige Rosa Quintana acusa a Costas del Estado de invadir competencias de la Xunta, lo cual es ilegal, y le pide que rectifique el informe de la controversia y que dé al sector la seguridad jurídica que reclama desde hace años.
