Más de 3.400 edificios de Vilagarcía superan los 50 años de antigüedad y por tanto deben someterse a la inspección obligatoria, una especie de ITV de los bloques de viviendas que garantiza el buen estado de conservación de los mismos. Según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estadística (IGE), los inmuebles residenciales colectivos construidos hace más de medio siglo suponen el 45% del total de los que existen en la ciudad. Y es que solo en la década de los setenta, en pleno bum del ladrillo, se levantaron en la capital arousana 1.329 bloques de pisos.
Solo en la década de los setenta, en pleno bum del ladrillo, se levantaron en la capital arousana 1.329 bloques de pisos
Aunque en el Concello no disponen del número total de inspecciones realizadas por las comunidades de propietarios, son conscientes de la tímida acogida que la normativa autonómica está teniendo entre los vecinos desde su entrada en vigor en el año 2019.
El Concello elabora un bando
Por ello, la concejala de Urbanismo, Paola María Mochales, ya ha dado orden de elaborar un bando “que se publicará con el objetivo de recordar a la población sobre la obligatoriedad de cumplir este requisito e informar sobre aspectos relevantes, como qué edificios están sujetos a esta norma, quién está habilitado a realizar los IAE y los plazos de validez y renovación de los mismos”, anuncian desde el gobierno local.
Una vez redactado el bando, se difundirá tanto en medios de comunicación como en redes sociales y se remitirá a todas las administradoras de fincas para que lo trasladen a las comunidades de propietarios que tienen como clientes.
¿Inspecciones puntuales en determinadas zonas de la ciudad?
A mayores, “se estudiará la posibilidad de realizar una inspección puntual y selectiva en determinadas zonas del municipio en las que se concentre un mayor número de viviendas antiguas o se detecte algún tipo de problemática”, añaden fuentes municipales.
Los Informes de Avaliación de Edificios (IAE) son una medida prevista y regulada por la Ley 1/2019 del 22 de abril de Rehabilitación y Regeneración y Renovación Urbanas de Galicia. Esta normativa marca la pauta general, si bien los concellos pueden elaborar sus propias ordenanzas municipales respetando la norma de rango superior.
Desde Ravella recuerdan que la ley autonómica establece la obligatoriedad de los propietarios de edificaciones de uso residencial o viviendas colectivas de más de 50 años de contar con el informe de evaluación del estado del inmueble, es decir, a realizar -y pagar- una inspección que garantice el buen estado del edificio y que tiene que estar certificada por un técnico cualificado. “Es un deber y una obligación que deben cumplir de motu propio los propietarios, sin que sea necesario requerimiento previo de ninguna autoridad ni de la realización de ningún tipo de inspección. Es como cumplir la normativa de tráfico”, comparan desde el Concello.
Desprendimientos de fachada
Fuentes municipales admiten que inspeccionar todos los edificios con más de medio siglo de antigüedad de Vilagarcía (más de 3.400) por parte del Ayuntamiento “sería una tarea ingente e inviable con los medios disponibles. Por eso, el procedimiento que se sigue es requerir el IAE en todo expediente iniciado a raíz de una denuncia, cuando se detecta algún posible riesgo o se realiza una intervención de Policía o Emerxencias, por ejemplo, por desprendimiento de un elemento de la fachada, caída de una teja, etc. Y se procede así en todos los casos, independientemente de la antigüedad del edificio”, aseguran.
Cuando se detecta un “riesgo evidente o se produce un desprendimiento”, si el edificio había pasado la inspección obligatoria con anterioridad a lo sucedido esta queda invalidada y el Concello requiere a la comunidad de propietarios otra revisión que garantice la seguridad. Si ese nuevo IAE es desfavorable, Ravella emite una orden de ejecución de las obras o medidas que el técnico determine en el informe.
Entre 300 y 1.800 euros por comunidad de propietarios
El Informe de Avaliación de edificios (IAE) es un examen más completo que el anterior, la denominada Inspección Técnica de Edificios (ITE), que solo era obligatoria en los municipios de más de 25.000 habitantes. Pero el actual IAE es de aplicación en todo el territorio gallego para los edificios de más de 50 años, independientemente del tamaño del concello en el que se encuentren. El precio del informe rondaría de media los 1.000 euros, aunque la horquilla oscila entre los 300 y los 1.800, según las dimensiones del edificio y del número de viviendas.
Como norma general, el IAE debe pasarse en el plazo máximo de un año desde que el edificio alcanza los 50 años de antigüedad (o la que establezca el municipio). Los concellos que así lo consideren pueden establecer un calendario para la presentación gradual de los IAE, siempre que se cumplan los siguientes plazos: hasta un año desde la entrada en vigor del decreto (entró en este 2021) para los edificios catalogados y hasta tres para el resto de bloques de viviendas con más de medio siglo. El informe tiene una vigencia de diez años.
La evaluación del estado de conservación del edificio debe indicar su valoración general y la de sus elementos estructurales y constructivos, incluyendo tanto los espacios comunes como los privativos, así como todas las plantas del inmueble, desde los cimientos hasta el tejado, con garajes y locales comerciales. Si el personal técnico no pudiera acceder a una vivienda u otra estancia, deberá reflejar tal circunstancia en el informe, precisando si ello supone alguna limitación al contenido de la evaluación o si incluso la invalida. La presencia de deficiencias graves o muy graves supondrá el suspenso del IAE y el inspector deberá proponer las obras necesarias para corregirla e incluso medidas cautelares, si lo considera procedente, mientras no se arreglen los daños. Y serán los concellos los encargados comprobar que se acometen las reparaciones.
