La exigencia de que todos los edificios con más de 50 años de antigüedad deban superar una nueva inspección técnica se demora. La pretensión de la Xunta era aprobar el decreto que regula esta obligación durante el primer trimestre del año, pero no ha podido ser debido que el texto aún se encuentra actualmente en tramitación y no se llevará al Consello antes de las elecciones del 12 de julio, lo que significa que a efectos prácticos el plazo para realizar esta inspección se aplaza hasta finales de 2021, dado que desde su aprobación por parte del Gobierno gallego -para lo que aún no hay fecha-, aún tardará 30 días entrar en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia y además el decreto establece un periodo de doce meses para que los propietarios de los inmuebles afectados cumplan con esta exigencia.
El nuevo requisito se denomina Informe de Evaluación de Edificios (IAE) y es un examen más completo que la actual inspección técnica, porque además de comprobar la integridad estructural del inmueble, también medirá las condiciones de accesibilidad y la eficiencia energética. Pero además se introducirá un cambio sustancial, dado que la IAE será de aplicación obligatoria en todo el territorio de la comunidad autónoma para los edificios que superen el medio siglo de antigüedad, con independencia del tamaño del municipio en el que estén ubicados. Ahora, las revisiones técnicas solo están vigentes en los concellos que cuentan con más de 25.000 habitantes.
Por eso la Xunta calcula que en total serán unos 360.000 los edificios que deberán pasar esta evaluación. En las ciudades, a la inspección técnica -que mantendrá su validez y no habrá que repetirla- se tendrá que sumar la de accesibilidad y la de eficiencia energética, pero en el resto del territorio, será la primera inspección a la que se sometan los edificios de más de 50 años de antigüedad.
El precio del informe rondaría de media los 1.000 euros, si bien la horquilla oscila entre los 300 y los 1.800 en función de las dimensiones del edificio y del número de viviendas.
Los edificios que en las ciudades tienen aprobada la inspección técnica y está en vigor, no tendrán que volver a realizarla. Lo único que tendrán que hacer los propietarios es incorporarla a la IAE. Pero sí añadir, si no la tienen, la evaluación de accesibilidad y de eficiencia energética, que tendrán una vigencia de diez años.
Como norma general, la IAE se tendrá que pasar antes de acabar el año desde que entre en vigor el decreto, pero los ayuntamientos, según indica la Xunta, podrán ampliar el plazo en dos años más, en función del número de edificios y su antigüedad, así como de los medios de que disponga cada concello para realizar los controles. En todo caso, no habrá tal prórroga para los inmuebles catalogados con algún tipo de protección.
La evaluación del estado de conservación del edificio indicará su valoración general y la de sus elementos estructurales y constructivos, incluyendo tanto los espacios comunes como los privativos, así como todas las plantas del inmueble, desde los cimientos hasta el tejado, con garajes y locales comerciales. Si el personal técnico no pudiera acceder a una vivienda u otra estancia, deberá reflejar tal circunstancia en el informe, precisando si ello supone alguna limitación al contenido de la evaluación o si incluso la invalida.
La presencia de deficiencias graves o muy graves supondrá el suspenso del IAE y el inspector deberá proponer las obras necesarias para corregirla e incluso medidas cautelares, si lo considera procedente, mientras no se arreglen los daños. Y serán los concellos los encargados comprobar que se acometen las reparaciones.
El límite de antigüedad para tener que pasar esta inspección son 50 años, si bien los concellos pueden rebajarla.
De hecho, trece ayuntamientos tienen ordenanzas propias para regularla, entre ellos Vigo, Ourense y Cangas, que establecen 30 años de antigüedad. Ferrol y Lugo la tienen en 40 y Santiago, A Coruña o Pontevedra, en 50. En cuanto a la accesibilidad, si el edificio no puede garantizarla técnicamente, el informe determinará qué alternativas existen para mejorarla, pero mediante una reforma que no suponga una carga económica desproporcionada para los propietarios. El certificado de eficiencia energética, salvo que el concello diga otra cosa, solo afectará a las viviendas, quedando libres los otros usos no residenciales.
La Xunta facilitará el modelo de informe y la herramienta informática para tramitarlo, así como también creará un registro autonómico y público donde tendrán que estar inscritos todos los edificios con sus respectivas evaluaciones.
