La primera visita institucional del nuevo delegado del Gobierno, José Miñones, a Vilagarcía sirvió para que el alcalde de la ciudad y el que fuera regidor de Ames antes de representar al Ejecutivo central en Galicia pasasen revista a los proyectos que el Estado tiene pendientes con la capital arousana. Entre ellos, la segunda fase de reforma del paseo marítimo y la humanización de las avenidas de Rubiáns y Juan Carlos I.
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Alberto Varela también reclamó a Miñones su mediación para lograr que el tren directo a Madrid (la segunda frecuencia) pare en Vilagarcía y que los concellos de entre 20.000 y 50.000 habitantes puedan acceder a fondos europeos. En la reunión de trabajo también participó la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, “casi una vilagarciana más”, calificó Varela en alusión a la frecuencia con la que la socialista visita la ciudad.
La reforma del paseo marítimo, una "deuda" de Costas
El alcalde se mostró agradecido con el Ejecutivo de Pedro Sánchez debido a la obra de gran envergadura que está ejecutando en la Casa del Mar a través de una reforma integral del edificio. Pero recalcó que tiene “una deuda” con Vilagarcía, que es finalizar la remodelación del paseo marítimo. “Espero que Costas lo termine cuanto antes”, confió.
El delegado del Gobierno cifró el "escudo social" en cerca de 3.000 millones de euros en la provincia de Pontevedra, con 83.000 trabajadores “protegidos por los ERTE”, 9.000 perceptores del Ingreso Mínimo Vital y 13.000 empresas con financiación del ICO
Por su parte, el delegado del Gobierno aseguró que “mi intermediación con el Gobierno de España queda garantizada”, tal y como escribió en el libro de visitas del Concello. Elevó a Vilagarcía como “uno de los concellos más importantes de nuestra tierra” y aprovechó su estancia en Ravella para anunciar las líneas de financiación y programas del Estado a los que pueden acogerse las entidades locales, así como para sacar pecho del “escudo social” del Ejecutivo en la actual crisis sanitaria que cifró en cerca de 3.000 millones de euros en la provincia de Pontevedra, con 83.000 trabajadores “protegidos por los ERTE”, 9.000 perceptores del Ingreso Mínimo Vital y 13.000 empresas con el aval de la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) vinculada al COVID-19 (2.100 millones de euros de financiación).
Miñones recordó que Correos dará servicio de retirada de dinero y pago de recibos en las zonas que pierdan oficinas bancarias.