Más de una década después de que las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) irrumpiesen en las vidas de los vecinos de Bamio, la maraña judicial iniciada para lograr un precio justo por las expropiaciones de terrenos afronta su recta final. La comunidad de montes de esta parroquia de Vilagarcía ya cuenta con 24 recursos ganados -parcialmente- en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para que el periodo de los intereses sea más amplio que el fijado por el Jurado Provincial de Expropiación. Así, se dan casos como el de una finca que tenía inicialmente 3.558 euros de intereses y el alto tribunal gallego ha reconocido 11.700, es decir, más del triple.
Los últimos fallos se emitieron hace menos de un mes, a principios de octubre. Las resoluciones van saliendo a cuentagotas, pues los comuneros han tenido que presentar un recurso por cada expediente. Y hay fincas con más de un expediente.
En total, las obras del Tren de Alta Velocidad han ocupado 73 terrenos de la comunidad de montes de Bamio, lo que equivale a unas veinte hectáreas de monte, es decir, un 7% de la superficie que gestionan los comuneros (unas 300 hectáreas).
El ingeniero de montes contratado por la comunidad para gestionar las expropiaciones, Alejandro Arias, explica que la administración (concretamente Adif) fijaba el plazo de los intereses a contar "desde el 13 de junio de 2008 hasta que depositaron el dinero en la Caja General de Depósitos". "Querían pagar cuatro años de intereses y conseguimos que pagasen hasta 2018", es decir, "hasta la fecha de entrega a la recurrente del justiprecio de la finca afectada por la expropiación", según rezan los recursos.
En total, los comuneros de Bamio cobrarán entre 60.000 y 80.000 euros en concepto de intereses, según las estimaciones de Arias. "Nos faltan 14 o 15 recursos por resolver", añade.
Con respecto a los justiprecios de las fincas expropiadas, el ingeniero señala que se habían estipulado unos 500.000 euros. De ellos la comunidad de montes cobró 400.000 pero los últimos 100.000, a pesar de que la administración había reconocido la titularidad de los terrenos, más tarde manifestó sus dudas y los vecinos tuvieron que luchar en los tribunales para percibir el dinero.
