Pena de prisión de entre 9 y 11 años, así como multas de más de 70 millones de euros para cada uno de los cinco encausados ha sido la decisión de la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Lugo contra un grupo de empresarios arousanos que, en 2010, trataron de introducir media tonelada de cocaína por el puerto de Marín en un contenedor de pescado. Las dilaciones que ha sufrido el proceso, ya que la causa es de 2010, han permitido a los cinco acusados, todos ellos arousanos, esquivar una condena más dura.
Entre estos arousanos destaca la presencia de los isleños Bruno Santiago Allo y de su tío José Ramón Allo Dios. Ambos utilizaban empresas de comercialización de pescado como una tapadera para la introducción de cocaína, algo por lo que han sido condenados a nueve años de prisión cada uno.
La misma condena le ha correspondido a un vilanovés y otro vecino de Valga que colaboraban con ellos, mientras otro vilanovés veía su pena extendida a los 11 años por contar con antecedentes.
Los hechos que enjuicia la Audiencia Provincial se remontan al mes de octubre de 2010, cuando la Udyco y la Guardia Civil, lanzaron una operación conjunta bajo el nombre de Lince.
En ella se interceptó un contenedor de pescado que había salido del muelle de Guayaquil, en Ecuador, con más de media tonelada de cocaína. El contenedor se descargó en el muelle de Marín, pero su destino era una empresa de importación de productos del mar con sede en Viveiro.
Las investigaciones policiales permitieron tener conocimiento de que tío y sobrino mantuvieron varias reuniones en Madrid y Galicia con el resto de acusados unos meses antes de ser detenidos con el objetivo de coordinar los preparativos del envío de cocaína mientras simulaban operaciones comerciales de importación de pescado congelado.
Esas importaciones se realizaban a través de la empresa de la que Bruno Santiago era administrador. Así, el 24 de septiembre de 2010 llegaban al puerto de Marín dos contenedores con escualo y pota congelados.
El contenedor fue inmovilizado durante un mes tras una primera inspección aduanera para, finalmente, ser rechazado en el Punto de Inspección Fronterizo al presentar irregularidades en el certificado sanitario de origen. Una nueva inspección en el contenedor de calamares permitió descubrir una serie de cajas que no se correspondían con lo que decían contener por lo que, tras solicitar una orden judicial, se procedió al registro, incautándose la droga que acabaría convirtiéndose en la primera detención de Bruno Santiago. La siguiente sería tres años después con un método muy similar y por la que ya fue condenado.
A partir de ese momento, la Guardia Civil y la Udyco, en colaboración con el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Lugo, comenzaron una investigación de los hechos que finalizó con la detención de los cinco empresarios arousanos, acusados todos ellos de un delito contra la salud pública. La droga que pretendían introducir en Galicia habría alcanzada un valor de 18 millones de euros en el mercado ilícito.
Bruno Santiago saltó a las páginas de sucesos tras el secuestro y tortura de su hermano, Román, una situación de la que él logró escapar. Sus secuestradores acabarían siendo condenados a más de tres años de prisión por aquellos hechos, mientras su hermano fallecía en un accidente de tráfico unos años después de los hechos.
