El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y la concejala de Urbanismo, Paola María, supervisaron ayer los últimos trabajos de consolidación de la casa protegida de la Praza do Castro que llevaba años en estado ruinoso, provocando el cierre de un callejón contiguo, hasta que el Concello decidió acometer las obras a cargo de la propiedad. Entre multas, obras y tasas de ocupación del dominio público, se reclaman a los propietarios 220.000 euros. El callejón se reabrió ayer por la tarde, tras años cerrado al público por razones de seguridad.

"Era un tema que llevaba años bloqueado sin que otros gobiernos tuviesen la valentía de hacer nada, y este equipo municipal lo desbloquea. Haciendo esta obra se consigue, por un lado, la conservación de nuestro patrimonio. Esta vivienda que tenemos hoy aquí en una de las zonas más características de Vilagarcía que estaba en grave riesgo de perderse. Por otro lado, se logra garantizar la seguridad de los ciudadanos. No hace falta recordar cuanto tiempo lleva cerrado el callejón por la dejadez por parte de una empresa que es la propietaria de la vivienda", puso de manifiesto Varela.

El regidor municipal reconoció que la situación es achacable a los propietarios del inmueble, pero puntualizó que la normativa da herramientas a la administración para obligar a cumplir la ley a quienes no lo hacen.

"La consolidación de este inmueble es una prueba de que se actuó con valentía; decisiones como ésta se pueden considerar valientes y con agallas. Lo que es absurdo es mirar para otro lado. La primera parte está hecha, entre hoy y mañana se quitarán los andamios y la casa quedará consolidada. Evidentemente no la pusimos bonita porque esa no es la obligación del concello, pero sí garantizamos que este patrimonio no se vaya a perder y que los ciudadanos puedan circular por la zona con seguridad", explicó.

Para la ejecución de la obra que reafirma la estructura de la casa el Concello tuvo que adelantar dinero. "Que nadie dude de que llegaremos hasta donde haga falta para exigir a los propietarios, negociando primero de buena fe, la vía ejecutiva que tiene la administración o si es necesario ante la justicia, que abonen tanto las obras ejecutadas, como el espacio de ocupación de vía pública por el cierre acumulado del callejón para apuntalar la fachada, más las multas coercitivas que se le impusieron durante todos estos años por incumplimiento de la legalidad urbanística", añadió Varela Paz.

La reclamación económica que se cursa por parte del Concello de Vilagarcía asciende a unos 220.000 euros, entre multas coercitivas, ocupación de vía pública y las obras realizadas (60.000 euros por las obras de consolidación, 80.000 euros por la ocupación de vía pública y 140.000 euros de multas coercitivas).

Las obras consistieron en consolidación de las estructuras, los muros de la edificación y demoler toda la cubierta porque estaba peor de lo que se esperaba, también la limpieza interior de los escombros y tapiar puertas y ventanas para que no se pueda volver a entrar.

El alcalde explicó que la anterior Corporación intentó arreglar el asunto "por las buenas, pero cuando nosotros llegamos esto estaba exactamente igual. Nosotros también tratamos de llegar a un acuerdo con la empresa, pero no hubo ningún tipo de entendimiento. Entonces había otras vías y tuvimos el interés y la valentía de afrontarlas".

Como ejemplo de interés por resolver los asuntos, Alberto Varela señaló que cuando llegó al gobierno los vecinos de Veiga de Lamas llevaban años reclamando la urbanización de su calle. "Estaba paralizada porque además un vecino discutía la titularidad de la calle. Nosotros al final lo resolvimos y ahora Veiga de Lamas no tiene el mismo aspecto. Esto es gestión, es parte de nuestro trabajo.