El joven de 15 años que presuntamente acabó con la vida de una septuagenaria en Redondela e hirió a su marido vuelve a situar en el punto de mira de la sociedad la Ley del Menor, aplicada en España a las personas mayores de 14 años y menores de 18 –por debajo de los 14 quedan exentos de responsabilidad penal porque se considera que los delitos o faltas que cometan son irrelevantes y, en general, se pueden subsanar en el ámbito educativo o familiar–.
Es esta especial protección jurídica que se le otorga al menor la que hace que parte de la sociedad la considere excesivamente benévola con el infractor. "Queremos que se pudra en la cárcel, es un desgraciado que por culpa de la maldita Ley del Menor enseguida se irá de rositas", decía una sobrina de María del Carmen Sánchez en el entierro de su tía en Cesantes. Esta se mostraba furiosa porque ya se había informado previamente de que la pena máxima para los delincuentes de entre 14 y 16 años es de cuatro años –el detenido por la muerte de su tía tiene 15 años–. Sin embargo, tras la última reforma de la ley en 2006, la medida de internamiento en régimen cerrado puede alcanzar una duración máxima de 10 años para los delincuentes de 16 y 17 años, y de seis años para los menores de 15 y 14 años.
Precisamente, los recientes casos de jóvenes implicados en violaciones y asesinatos o casos como el de Marta del Castillo o Sandra Palo, han hecho que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunciase la reforma de la Ley del Menor para que, en caso de delitos de consideración grave en los que haya implicados menores y adultos, todos sean enjuiciados de forma conjunta. El objetivo de la misma, según ha detallado, es evitar casos que han posibilitado el doble enjuiciamiento cuando en un mismo delito grave ha concurrido la participación de mayores y menores de edad, como ha podido suceder con el caso de Marta del Castillo o el asesinato de Sandra Palo. A pesar de esto, avanza que a los que no hayan cumplido la mayoría de edad legal en el momento del acto delictivo, se les continuará aplicando la legislación prevista para ellos en la actualidad.
Régimen terapéutico
Por lo pronto, la Fiscalía de Menores de Pontevedra decretó el viernes el internamiento terapéutico en régimen cerrado para el presunto autor de la muerte de la septuagenaria de Redondela. En los centros de esta naturaleza se realiza una atención educativa especializada o un tratamiento específico dirigido a personas que padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad. Esta medida se puede aplicar sola o como complemento de otra medida. Si el interesado rechaza un tratamiento de deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.
Precisamente, José Rabadán Pardo, el joven de Murcia que asesinó a sus padres y una hermana con síndrome de down en el año 2000 y que era conocido como el "asesino de la catana" fue condenado en junio de 2001 a permanecer seis años en un centro de internamiento terapéutico en régimen cerrado y a otros cuatro años en libertad vigilada. En este caso se le diagnosticó una psicosis epiléptica idiopática de la que supuestamente está recuperado.
El internamiento en régimen cerrado es la medida de mayor privación de libertad para un menor, después es el régimen semiabierto, abierto o permanencia de fin de semana.
Los más relevantes
- Caso Marta del Castillo
El conocido como "El Cuco",el único menor implicado en la muerte de Marta del Castillo (imagen) fue condenado a 2 años y 11 meses de internamiento y un mes de libertad vigilada por encubrimiento (se absolvió de violación y asesinato).
- El asesino de la Catana
Mató a sus padres y su hermana a los 17 años y cumplió por ello 7 años, 9 meses y un día aunque la condena inicial le obligaba a cumplir 8 años de internamiento, más otros 2 años de libertad vigilada.
- Caso Seseña
Cinco años, más tres de libertad vigilada, se le aplicó a la menor de 13 años que asesinó a la también menor Cristina Martín (en la imagen). La adolescente fue hallada muerta en un pozo, con contusiones y desangrada tras cortarle una muñeca.
- Caso Amaia Azkue
Ander mató con 17 años a Amaia Azkue tras abrirle el cráneo con una piedra. La sentencia le obliga a la pena máxima: 10 años de internamiento en régimen cerrado y 5 de libertad vigilada.
- Caso Sandra Palo
"El Rafita" violó, atropelló y quemó a Sandra Palo, joven deficiente de 22 años, en mayo de 2003. Su crimen le costó cuatro años de internamiento en un centro de menores y tres años de libertad vigilada. Tenía 14 años cuando cometió el delito.
- Caso San Fernando
Raquel Carlés e Iria Suárez, de 16 y 17 años, mataron a Clara García "para ser famosas". Se les condenó a 8 años encerradas y 5 en libertad vigilada. Salieron a la calle en 2006, antes de lo previsto.
Condenas en el punto de mira
Crímenes como el de Sandra Palo o Marta del Castillo reabren el debate
El objetivo final de la Ley del Menor es prevenir la comisión de futuras infracciones, por este motivo, protege especialmente a este sector de la población entre 14 y 18 años –antes de 14 se les considera inimputables–. Sin embargo, asesinatos como el de la joven deficiente Sandra Palo reabren el debate sobre esta ley. "El Rafita", uno de los asesinos que la violó, atropelló y quemó hasta la muerte, cumplió 4 años de internamiento y 3 de libertad vigilada, y a partir de ahí acumuló un rosario de detenciones por diferentes delitos: robo con fuerza en vehículos de motor; supuesta pertenencia a un grupo criminal, que correspondería al tipo penal de Asociación Ilícita, y atentado contra la autoridad.
En el lado opuesto se encuentra José Rabadán, el asesino de la catana que en el año 2001 mató a sus padres y a su hermana con síndrome de down. Rabadán fue condenado a cumplir 8 años de internamiento, más otros dos años de libertad vigilada, aunque en un auto dictado en 2005, la jueza encargada del caso redujo la pena en "ocho meses, menos seis días" porque tras haber cumplido las tres cuartas partes de su internamiento, continuar con el mismo "puede en estos momentos influir negativamente en su situación personal". Actualmente vive en libertad en Cantabria junto a su novia, sin que se le conozcan hechos delictivos. Su caso inspiró a un par de muchachas de San Fernando (Cádiz), que unos meses después decidieron matar a una compañera de clase "como experiencia y para ser famosas". Salieron a la calle en 2006, bastante antes de lo previsto en la sentencia inicial. Iria, que sujetaba a la también menor mientras Raquel la acuchillaba, al parecer fue trasladada a Ourense y allí estudió Psicología por la UNED. Su familia vino también a Galicia para estar con ella.
