El polémico plan de transportes que tiene en marcha la Xunta desde hace unas semanas y que ha desembocado en una huelga en toda Galicia que mantiene bajo mínimos los servicios de autobús, afecta en la comarca de Pontevedra a siete municipios y seis concesiones. En la mayor parte de ellas, la Consellería de Infraestruturas aplica una de las principales novedades de su propuesta: aceptar a usuarios en general en las actuales líneas de transporte escolar.
Los servicios de una veintena de colegios e institutos de la comarca, pertenecientes a siete municipios, son los que forman parte de esta propuesta, según la documentación que acompaña al proceso de licitación de estas concesiones, que la Xunta quiere tener resueltas en agosto (cuando concluyen los permisos actuales, a los que renunciaron en su día las empresas) y, sobre todo, a partir de septiembre, cuando comienza el curso escolar.
Las líneas en oferta suman un presupuesto de 5,4 millones de euros, de los que la Xunta aportaría el 23% (alrededor de 1,2 millones) para enjugar el déficit que suelen arrastrar estos servicios. La única sin subvención es la de Lugo-Ourense-Pontevedra, con casi un millón de euros y que no se incorpora tampoco al servicio escolar. Tampoco entra en esta última modalidad la linea Pontevedra-Marín, con anexos, que se licita por algo más de un millón de euros, pero sí cuenta con ayuda oficial, 140.000 euros.
Las otras cuatro concesiones sí se integran en el transporte de colegios e institutos. Los centros implicados se ubican en siete municipios. En el de Pontevedra se cita al menso al instituto Torrente Ballester y los colegios de Lérez, Pontesampaio y A Carballeira (Lourizán), mientras que en Marín se hace referencia a los de Carballal, Ardán y Seixo. También figura en instituto de Poio y el centro Espedregada, mientras que en Sanxenxo quedarían integradas, de prosperar este polémico plan, los institutos de Vilalonga y Baltar y los colegios de Noalla y Dorrón.
La relación se completa con el IES de Ponte Caldelas, el CEIP de A Lama y los colegios de Riomaior y Toural, ambos en Vilaboa, además de centros próximos en Soutomaior, Meaño y otros municipios.
Solo en el municipio de Pontevedra, la red de recorridos y paradas incluye un centenar de paradas, repartidas por el casco urbano y por la práctica totalidad de las parroquias. Al menos 24 se localizan en el casco urbano, en su mayor parte en puntos ya utilizados en la actualidad, mientras que casi ochenta se ubican en las parroquias.
El recorrido Pontevedra-Soutomaior-Vigo es el más extenso en cuanto a líneas escolares ya que incluye más de una veintena de anexos a Vilaboa, a Lama, Ponte Caldelas y otros municipios. Con un presupuesto de 734.000 euros, es el que supondría mayor déficit, ya que la Xunta asumiría cerca de 500.000. Se precisan para su desarrollo 20 conductores y contaría con 18 acompañantes de los alumnos, que viajarían con usuarios en general en las plazas que queden libres.
La línea más cara
La de Pontevedra-Marín-Cangas-Bueu-Vigo precisa también de 20 conductores mero dos acompañantes menos (16) y es la línea más cara, de más de 1,2 millones de euros, con 309.000 aportados por la consellería. Sus anexos inciden especialmente en Vilaboa, incluidos sus centros educativos.
Por su parte, en el entorno de Poio y Sanxenxo se plantean dos concesiones. Una de ellas discurre entre Sanxenxo y O Grove, con 488.000 euros de presupuesto y 137.300 de déficit. En este caso se necesitarían nueve chóferes y ocho acompañantes. La segunda recorre el itinerario entre Pontevedra y O Grove, con 18 conductores y 15 acompañantes y un millón de presupuesto, del que la Xunta aportaría 185.000.
Se trata también de una concesión de ámbito extenso ya que incluye a Vilalonga y Meaño, además de Poio y Sanxenxo. Discurre en buena parte por la franja costera y establece una extensa red de 227 paradas, más de la mitad en Sanxenxo, ya que incorpora el transporte escolar.
En todos los casos se recuerda que la prórroga de las concesiones otorgadas en 2009 por la Xunta fue anulada por el Tribunal Supremo y después todas las empresas que prestaban estos servicios renunciaron a continuar con la explotación, de ahí que ahora se liciten de nuevo y con las novedades del transporte escolar y bajo demanda. La intención es que puedan adjudicarse en julio para entrar en funcionamiento en agosto. El plan actual en marcha tiene el objetivo de "dar continuidad a las relaciones de tráfico que se perderían tras el vencimiento de los contratos y promover a la vez nuevas modalidades de prestación, como el transporte bajo demanda (previa solicitud telefónica el día anterior) de las personas usuarias o la integración de servicios mediante el transporte público.
