El Concello tiene ya en marcha el concurso para adjudicar definitivamente la explotación del parking de Veteris, bajo la calle Antón Fraguas, y legalizar un estacionamiento que acumula años de pleitos judiciales y trámites urbanísticos.
La concesión otorgada en su día de forma directa a la actual gestora del recinto, la misma que ejecutó los edificios residenciales de la calle, fue anulada por los tribunales, al igual que toda la tramitación urbanística anterior. Por ello, el Concello tuvo que reiniciar el proceso desde cero.
El concurso, que podría fin a este largo conflicto, podría convocarse a finales de este año, con un plazo de concesión de 68 años y un doble canon: uno inicial de 3.263.377 euros y otro anual de 24.000.
La primera cifra es una cantidad de garantía que aplica el Concello para el caso de que la nueva empresa adjudicataria no sea la misma que la actual, a la que habría que indemnizar en esa cuantía.
Pese a todo, el concurso y todos los acuerdos que realiza el Concello sobre este asunto están tutelados por un juzgado de lo Contencioso Administrativo, a la vista de la sucesión de pleitos formulados por la empresa Tejima que gestiona otro parking próximo, que acabaron anulando todo lo anterior y obligaron a su reinicio. Esa tutela judicial, que obliga al Concello a informar al magistrado cada mes de sus avances, garantiza que el aparcamiento continúe abierto.
De hecho, aún está pendiente de resolverse un último recurso contra estos nuevos trámites municipales, que sirvieron para dar amparo a este polémico recinto
El parking de Veteris comenzó a tramitarse hace más de una década y abrió sus puertas en octubre de 2010, pero la sucesión de sentencias contrarias provocaron que su funcionamiento haya sido en precario y sin amparo legal o urbanístico, totalmente anulado desde 2014. Esta inseguridad es la que pretende resolver el Concello con el nuevo plan especial de infraestructuras aprobado definitivamente en abril, sin que se formulara alegación alguna, ni siquiera de Tejima, la misma empresa que durante todos estos años logró "tumbar" en los tribunales toda la tramitación municipal de este polémico aparcamiento.
Este documento urbanístico es el segundo que se elaboró y en el se corregían, según la versión municipal, las anomalías que llevaron a los tribunales a anularlo en su día, en especial el trámite de evaluación ambiental.
