La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio indicó ayer que el Concello de Vilaboa remitió a la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio un informe que faltaba sobre el PXOM de este municipio el pasado 14 de marzo. A partir de aquí, la Administración cuenta con un plazo de tres meses para determinar si logra la aprobación definitiva. "Los trabajos se están agilizando para poder resolver a la mayor brevedad posible", afirman desde la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
"Confío en que este año el PXOM de Vilaboa sea una realidad", afirma el alcalde, el socialista José Luis Poceiro, tras la protesta que protagonizaron un grupo de vecinos ante la delegación territorial de la Xunta para urgir la aprobación del plan.
Poceiro se ha puesto en contacto con la jefa del servicio de Urbanismo de la Xunta de Galicia, quien le ha confirmado que esta administración ha recibido ya el informe favorable de Costas al plan de Vilaboa. Este servicio de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio ha encargado a una consultora externa el estudio del expediente y según le han comunicado al alcalde confían en que antes del día 4 se haya informado.
Desde el gobierno local de Vilaboa se solicita a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), que paralice los expedientes sancionadores mientras no se resuelva la aprobación del PXOM, dado que sigue habiendo vecinos afectados y amenazados de órdenes de derribo.
Recientemente algunos vecinos de Vilaboa, principalmente de los núcleos de Postemirón y A Graña, acudieron a la delegación territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, para instar al Gobierno gallego a agilizar la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de este municipio. Lo hicieron acompañando un escrito con unas 1.400 firmas de residentes de este municipio, que protestan por los perjuicios que está causando la falta de plan de ordenación, al margen de las sanciones y ejecuciones de derribo que algunos vecinos están soportando a consecuencia de esta falta de normativa.
Esther Mariño, en representación de los afectados, explicó que las amenazas de derribo y las sanciones siguen angustiando a los propietarios porque "todavía hay expedientes abiertos y los procedimientos siguen su curso, y si bien ahora mismo no está fijado ningún juicio en este sentido, hay dos familias pendientes de instrucción y de que se convoque el juicio penal sobre sus denuncias". En concreto, estos dos casos, en A Graña y Postemirón, tienen amenaza de derribo sobre las edificaciones afectadas.
