La campaña emprendida por los vecinos de Mollabao para denunciar el "abandono" del barrio y exigir mayor atención municipal llegó ayer al pleno del Concello. Todos los grupos de la oposición, desde el PSOE hasta Ciudadanos, se unieron ayer para reclamar al gobierno local la elaboración de un plan integral de mejora, pero el BNG esgrime que "el 99% de las deficiencias del barrio son culpa de otras administraciones", en concreto la Xunta, Adif, Costas y Audasa, y echó abajo la elaboración de ese plan. El alcalde salió airoso de este debate gracias a la ausencia de dos concejales del PP, lo que evitó una nueva "pinza" de toda la oposición contra el gobierno local, una alianza que hace meses que no se produce, en especial desde que Marea facilitó en diciembre la aprobación del presupuesto municipal.

En cambio, ayer volvió a repetirse esta unidad, pero no fue suficiente. El asunto llegaba al pleno a propuesta del PSOE, después de una asamblea vecinal, en la que participaron otros grupos, para relatar las deficiencias del barrio. El socialista Iván Puentes ejerció de portavoz vecinal al solicitar limpieza de maleza que invade las aceras, colocación de más contenedores, reparar los espacios deportivos bajo la AP-9, tomar medidas contra el ruido del tráfico de la autopista, habilitar más aparcamientos, incrementar la presencia de la Policía Local, y, sobre todo, lograr la cesión de la PO-546 -la carretera vieja de Marín- entre Manuel del Palacio y Pontemuiños para aplicar medidas de calmado del tráfico. Puentes denunció el "abandono y la dejadez" que padece Mollabao "en comparación con otras zonas de la ciudad".

Demanda de "lombos"

La demanda socialista fue de inmediato aceptada por los demás grupos de la oposición e incluso el PP, a través del concejal José Luis Martín, reclamó "lombos" en la calle Rosalía de Castro y reiteró que la Xunta está dispuesta a ceder al Concello el tramo inicial de ese vial.

Sin embargo, el gobierno local se defendió achacando la mayor parte de las deficiencias del barrio a la "inacción" de otras administraciones. Tampoco se libraron los propietarios privados que poseen fincas sin cuidar y el concejal Luis Bará anunció que se darán instrucciones al servicio municipal de Disciplina Urbanística para actuar al efecto.

A su juicio, el deterioro de la calle Rosalía de Castro es "responsabilidad de su titular, la Xunta" y el Concello no está dispuesto a asumir la calle sin una mejora general de su pavimento o aceras. Sí se encargaría después de instalar "lombos" o ampliar las áreas peatonales.

También echa en cara de Audasa, concesionaria de la AP-9, las molestias por el ruido del tráfico y el mal estado de los espacios bajo el puente, mientras que Costas es otro organismo que, a juicio del BNG, "no presta atención alguna a Mollabao", en especial en lo que se refiere a la finca de Malvar. Este terreno es privado en una parte y de Costas en otra y desde hace dos años el Concello dice estar dispuesto a adquirirlo por menos de 120.000 euros para crear un gran parte. Sin embargo "existe un problema de registros que deben resolver Costas y el dueño", insiste Bará.

Adif y la falta de mantenimiento de parcelas vinculadas al tren al Puerto es otra de las denuncias del BNG, que niega que haya problemas de aparcamiento en la zona -pese a la afluencia de coches cada mañana a la Casa del Mar- y defiende la ejecución en su día de obras de urbanización en Benito Vicetto o Licenciado Molina.

Con la ausencia de dos concejales del PP (Rafael Domínguez y Aurora Cañizares) y uno del BNG (César Mosquera) la votación final deparó un empate a once, que resolvió el voto de calidad del alcalde, Miguel Fernández Lores, tumbando la propuesta del PSOE, una negativa a1 actuar en Mollabao que contrastó con el voto unánime (incluido el del BNG) a una propuesta parecida, también de los socialistas, para subsanar deficiencias en el entorno de Pasarón. Al respecto, Bará justificó el voto favorable en que "se trata de cosas que ya estamos haciendo en ese barrio".

Al margen de estas dos zonas, el debate de ayer incidió en otras áreas del municipio: el PP logró el apoyo de todos para realizar mejoras en el parque Amalia Álvarez de la calle Filgueira Valverde; pero no salieron adelante otras iniciativas relativas al campo de fútbol de Salcedo o el entorno del futuro centro de día de Rexurdir en la calle O Cruceiro.

Reprobación por el agua

Tampoco prosperó la intención del PSOE de reprobar al concejal de Facenda, Raimundo González Carballo por la prórroga del contrato de agua al mismo precio que hasta ahora pese a que ya tendría que deducirse la amortización de unos 15 millones de euros invertidos en los dos años anteriores. Aunque ese fue el origen del debate, la discusión se extendió a todo el proceso de privatización del servicio y el portavoz socialista Agustín Fernández se preguntó por las "razones del BNG" para no estudiar su posible gestión pública.

El debate sobre este contrato se produjo el mismo día en el que se dio a conocer el "estudio de costes" vinculado al futuro concurso de adjudicación del servicio, un documento que debe comparar su coste con propuestas de al menos cinco empresas y que servirá de base para futuras revisiones de precios.

Este estudio incluye información de Viaqua (la actual concesionaria) Espina y Delfín, Espina Obras Hidráulicas, FCC Aqualia y Valoriza y refleja datos sobre gastos de personal, mantenimiento, gestión administrativa, control de calidad, energía eléctrica, gestión de recibos, costes de explotación, amortizaciones y otras variables, que suman una media anual de 6,1 millones de euros, casi 300.000 euros más que en la actualidad.

El concejal Raimundo González Carballo explicó que esa cifra global servirá de base para la "cláusula de revisión" del contrato año a año, pero también "será muy próxima" al precio con el que se licitará el servicio, previsiblemente después del verano.

El personal supone el 50% de todos los gastos, por delante del mantenimiento (20%) y la energía eléctrica (cerca del 14%) y se calcula que cada año se registrarán 3,7 millones de metros cúbicos para abastecimiento, 7,2 de suministro en alta y 4,6 metros cúbicos de saneamiento.

Este estudio se somete ahora a exposición pública para su posterior envío al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado o, en este caso, a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Galicia.

Agustín Fernández acusó al BNG en el pleno de ayer de "pretender que los ciudadanos sigan pagando una hipoteca ya amortizada" -las inversiones de la empresa desde 1997 a 2017- mientras que el edil del PP César Abal reprochó al PSOE que "no denuncie también el contrato de la basura", donde los populares alertan desde hace años de un supuesto caso parecido con la amortización de la maquinaria.

Por su parte, Marea insistió en su idea de "acabar gradualmente con las privatizaciones" pero al final el debate quedó en nada al insistir González Carballo en que "se hará lo que aconsejen los técnicos". Aseguró al respecto que estos servicios municipales ya trabajan en analizar el contrato prorrogado hace unos días para determinar si es necesario reducir el precio que se paga a la empresa o queda como está, con una previsión anual presupuestada de algo más de 5,8 millones de euros.

El Concello tiene, a día de hoy, varios contratos prorrogados a la espera de convocarse. Los de mayor cuantía son los del agua y la basura, que podrían licitarse a lo largo del año. Más complejo parece que se resuelva el de las piscinas de Campolongo -utilizadas ayer por González Carballo como contrarréplica ante Agustín Fernández por su anterior etapa como concejal de Deportes- ya que en junio se aprobará la novena prórroga irregular.