Aunque el PP siempre aseguró que esta normativa que pretendía aplicar se limitaría en exclusiva a los "lombos" que se ejecuten desde su hipotética entrada en vigor, el gobierno local insiste en que "los efectos retroactivos son inevitables". Y cita dos razones para señalar que las nuevas dimensiones obligarían a cambiar los pasos sobreelevados ya existentes. Por una parte, que en el propio acuerdo de febrero se hace mención a un periodo transitorio de dos años para adaptarse a las nuevas determinaciones, y en segundo lugar, al hecho de que, de cambiarse la ordenanza de tráfico, y aún con una salvedad sobre los ejecutados antes o después, cualquier "lombo" estaría sujeto a esa norma.
"Esto implicaría una gran inseguridad jurídica y patrimonial para el Concello, ya que de ocurrir un accidente en uno de estos elementos, el perjudicado podría alegar que el paso incumple la propia normativa municipal", insistió ayer Carmen da Silva.
En el acuerdo de ayer, además de mostrar la disconformidad del gobierno local, lo que en la práctica supone paralizar su aplicación, se solicitan nuevas informes, tanto a Intervención como a Secretaría. En este último caso se trata de determinar la plena legalidad del acuerdo plenario de febrero, con el voto en contra del BNG, adoptado por urgencia y sin informes previos.
