26 de noviembre de 2016
Nuevo recurso judicial contra la ampliación de la concesión de Costas

Greenpeace esgrime que Ence "es incompatible con el domino público" y recurre su prórroga de 60 años

El colectivo ecologista sostiene ante la Audiencia Nacional que la pastera "puede tener otra ubicación" y reprocha que la decisión la tomara un gobierno en funciones - Defensa da Ría y Concello ya emprendieron esta misma vía

26.11.2016 | 04:55
Una protesta de integrantes de Greenpeace a las puertas de Ence en 1993. // FdV

Diez meses después de que Ence obtuviera una prórroga por 60 años de su concesión en terrenos marítimo-terrestres para continuar en Lourizán hasta 2073, el colectivo ecologista Greenpeace anunció ayer la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional contra aquella Orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del pasado 20 de enero de 2016 a favor de Ence Energía y Celulosa S.A. Se trata de, al menos, el tercer recurso contra esta decisión que se formula ante el mismo órgano, tras los presentados en marzo y junio por la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) y el Concello de Pontevedra, respectivamente. A ellos podrían sumarse otras posibles impugnaciones formuladas por otras entidades.

Greenpeace se suma ahora a estas iniciativas al entender que "la empresa desarrolla una actividad industrial incompatible con el dominio público y que puede tener otra ubicación. Por lo tanto, esta concesión de prórroga entra dentro de los usos no autorizables en el dominio público tal y como se establece en el Artículo 31.2 de la Ley de Costas y el Ministerio no debía de haberla concedido". Además, reprocha que la decisión la hubiera adoptado un gobierno en funciones, un mes después de las elecciones generales de diciembre pasado.

"Prorrogar varias décadas la actividad de Ence en Pontevedra por parte de un Gobierno en funciones es más que cuestionable e irregular. Sin embargo, lo que no es cuestionable es que la propia Administración central del Estado reconozca que la empresa incumplió los términos de la concesión habiéndose realizado actividades diferentes a las marcadas y que a pesar de ello autorice su actividad", declara José Manuel Marraco, abogado de Greenpeace España en el comunicado divulgado ayer.

"Zona inundable"

Al respecto, el colectivo ecologista explica que "la orden ministerial autoriza prorrogar la concesión de ocupación de una superficie de 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre para la fábrica de pasta de celulosa Kraft, en la franja entre el ferrocarril de Pontevedra a Marín y la carretera de unión de los puertos de Pontevedra y Marín, en el término municipal de Pontevedra". Añade que esta orden "advierte expresamente" de que "la zona sobre la que está previsto ubicar las instalaciones puede ser inundable por su propia naturaleza", lo que "justificaría aún más su denegación".

Greenpeace agrega, asimismo, que "el propio ministerio ha reconocido que la papelera incumplió los términos de la concesión octava del título concesional ya que se han realizado actividades que implican la alteración de la finalidad de este título. Ante esto, el ministerio no solo no ha iniciado expediente sancionador alguno ni ha declarado la caducidad de la concesión, sino que ha concedido la prórroga de la concesión durante 60 años más".

En marzo pasado Defensa da Ría ya pidió la nulidad de la prórroga y que el expediente regresara al instante en el que la asociación solicitó ser parte de todo el proceso. Al mismo tiempo anunciaban la interposición de este recurso Contencioso ante la Audiencia Nacional, una de cuyas lineas básicas en que el expediente de caducidad de la concesión abierto a Ence el pasado año está sin resolver de manera definitiva (ya que también está recurrido judicialmente) y la Ley de Costas establece que no se puede otorgar una concesión si hay un expediente de esa naturaleza abierto.

Por su parte, el Concello también acudió en junio esta misma vía, pero ya anunció que incluso podría acudir a los tribunales europeos de la Competencia, una fórmula que Ence ya desacreditó por "carecer de base jurídica".

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