Pleno extraordinario en el ayuntamiento de Marín para abordar el conflicto protagonizado por la plantilla del servicio de recogida de basura ante la próxima licitación de este servicio al finalizar la actual concesión. Un pleno que acabó sin acuerdo, al no aceptar el gobierno local los términos de la moción planteada por los grupos de la oposición y tampoco asumir PSOE, BNG y Marea Veciñal la enmienda que planteó el Partido Popular. Al final, el voto de calidad de la alcaldesa tumbó la iniciativa de la oposición. Una sesión a la que los trabajadores acudieron con sus familias y llenaron el salón de plenos.

Previamente, habían intervenido en el pleno los propios trabajadores. Fue Eusebio Justo, responsable de Comisiones Obreras, el encargado de darles voz y advertir al gobierno local de que si con el rechazo a sus propuestas persiguen que "tiremos la toalla" deben saber "que eso no va a ocurrir, no pararemos hasta conseguirlo, el trabajo no se vende, sino que se defiende".

¿Y qué es lo que persiguen? Ayer en el pleno lo volvieron a dejar claro. Quieren que el pliego de condiciones del nuevo contrato recoja una serie de cuestiones que ahora deja en manos de la futura concesionaria, como es la dimensión de la plantilla. También dudan de la memoria económica del actual pliego del borrador, dado que rebaja sensiblemente la cantidad que destina al coste social es sensiblemente inferior al coste salarial de la actual concesionaria, lo que implicará, según Justo, al menos seis despidos. Eso como mínimo. También se quejan que los salarios anuales que se fijan en el pliego "no se corresponde con lo que establece el convenio, ni con lo que se cobra en la actualidad" y aseguran que el pliego tampoco especifica las características específicas de la plantilla y "ni siquiera prima que las instalaciones de la empresa estén en Marín".

Es por ello que piden que se incorpore al pliego una plantilla mínima de trabajadores y un cuadro de personal de medios humanos, de no hacerlo "las consecuencias serán, sin duda, una reducción de la plantilla" por parte de la nueva concesionaria. Aseguran que la subrogación no es suficiente, dado que no afecta de modo incondicional a la totalidad del personal saliente si no viene acompañado de esta plantilla mínima para el servicio.

Cuestiones que, según Justo, son completamente legales si se incluyen en dicho pliego para la adjudicación del servicio. Además, se pedía incluir otra medida para que el coste económico de la mano de obra se vaya incrementando a medida que vayan pasando los ocho años que va a durar la nueva concesión.

Básicamente estas propuestas eran las que recogía la oposición en su moción, que incluía por ejemplo que además de mantener como mínimo la actual plantilla diese más puntuación en el concurso el compromiso de crear nuevos puestos de trabajo.

El Partido Popular, a través de la alcaldesa María Ramallo, volvió a insistir en que algunas de las cuestiones que plantea la oposición en su moción generan dudas sobre su legalidad y les advirtió de las consecuencias de que el concurso pudiera ser impugnado de incluir alguna cláusula social de las que se planteaban. La alcaldesa incluso se mostró a favor de incluir en el pliego por escrito esa plantilla mínima de 16 operarios (que son los indefinidos que trabajan actualmente en Marín) y así lo hizo constar en el primer punto de la enmienda que presentó el PP a su moción. No obstante, la oposición y en concreto Marea Veciñal tachó de "truco de Houdini" que incluyese en dicha enmienda un segundo punto que "mataba al primero" y en el que se indicaba que lo establecido en el primero solo se podría llevar a cabo si el equipo redactor y los técnicos no encontraban reparos legales a ello.

Desde el BNG, Pilar Blanco insistió en que con este pliego el gobierno local "está abocando al despido a cuando menos seis trabajadores", y la portavoz del PSOE, Luz Santiago, amenazó con no acudir a la mesa de contratación de este servicio ante las diferencias con los postulados del gobierno local. Criticó también que ni tan siquiera se resuelvan cuestiones organizativas del servicio como las horas o los puntos de recogida "dejando todo en manos de la empresa".

También desde Marea, Aarón Franco, anunció que no formarán parte de dicha mesa de contratación y ya adelantó que responsabilizará al gobierno local como "culpables directos en primer grado de cualquier despido que se produzca" de los trabajadores del servicio de limpieza de Marín con la nueva concesionaria y que "pediremos la dimisión" de la alcaldesa ante el primero que se produzca.

Ramallo, quien aseguró que el PP planteaba esta enmienda a la moción de la oposición con "ánimo constructivo", insistió en que muchas de las cuestiones que plantean BNG, Marea y PSOE podrían acabar con el concurso impugnado como está ocurriendo, dijo, en otros municipios gobernados por los partidos rupturistas y citó el caso de Carmena en Madrid. Para ello se mostró partidaria de "blindar las condiciones laborales de los trabajadores" pero después de recibir los correspondientes dictámenes legales que ya han solicitado y ver qué cláusulas sociales se pueden incluir y cuáles no.