La alcaldesa de Marín, María Ramallo, hizo ayer una llamada a la tranquilidad de los vecinos con viviendas en el litoral afectadas por los expedientes sancionadores o incluso de derribo de la Agencia da Protección da Legalidade Urbanística, de los que el BNG advirtió el miércoles. Ramallo afirma que los expedientes quedarán sin efecto y que, si por el momento siguen su curso, es porque restan algunos trámites administrativos que se están resolviendo de acuerdo con el proceso que la ley exige, pero que en ningún caso perjudicarán a las viviendas que ya están fuera de la línea de servidumbre marcada por la Ley de Costas.

El procedimiento a seguir por los tres niveles administrativos, local, autonómico y estatal, hasta la conclusión del proceso tiene, según señala la regidora, una serie de pasos complejos que no frenan inmediatamente los expedientes abiertos por la APLU, pero que sigue su curso normal sin que, en estos momentos, el Concello tenga "constancia de ninguna documentación pendiente de remitir". Aprobada la rebaja de la línea de servidumbre, primero a través del Plan Xeral y después con la modificación de la Ley de Costas, restan los pasos para que todas las administraciones tengan constancia de la regularización de la situación de los núcleos afectados. Dice la primera edil que ya han informado a la APLU de que cualquier información correspondiente a las casas del litoral de Marín está a su disposición en el Ministerio de Medio Ambiente y que la coordinación con la agencia de la Xunta es "total", porque le envían los informes requeridos cada vez que sus solicitudes llegan a su mesa.

Cuestión distinta será cuando, a medida que cada uno de los afectados vaya recibiendo el visto bueno de la APLU y concluyan los trámites a tres entre Costas, Xunta y Concello, los vecinos tendrán que ajustarse a la normativa que afecta a toda vivienda, ya sea en el litoral o fuera de él. Si hay viviendas con obras o características que no encajan dentro del Plan Xeral, los residentes tendrán que iniciar su legalización. Por eso, insiste la alcaldesa, "hay que revisar cada caso uno a uno".

Respecto a la documentación aportada por el BNG, en la que manifestaba la existencia de expedientes de derribo, María Ramallo señala que se trata de un "único caso" del que el Concello ya está informado y que, como los demás, no supone riesgo alguno. Los nacionalistas planteaban ayer en el pleno este asunto al gobierno local.