La crisis obligó a las administraciones a racionalizar al máximo sus recursos y una de las alternativas por las que optaron distintos organismos públicos fue ajustar al máximo sus plantillas de trabajadores, especialmente de aquellos que no eran funcionarios. El resultado a nivel estatal, según los últimos datos publicados por el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el número de trabajadores que cobraban un sueldo del erario público cayó en 166.557 desde 2012, es decir un 6,20%.
En la provincia de Pontevedra también descendió el número de empleados públicos, tanto funcionarios como personal laboral, pero no lo hizo al mismo ritmo que en el resto de España. Así, por ejemplo, según los datos de este mismo boletín, actualmente hay en Pontevedra un total de 46.919 empleados públicos, frente a los 47.145 que había, por ejemplo, al comenzar la crisis. Esto supone apenas una caída de un 0,5% y una reducción de 226 puestos de trabajo.
Las razones son varias. En primer lugar, al contrario de lo que ocurre en el conjunto de España, en Pontevedra los concellos no han aligerado sus plantillas con la crisis sino que las han aumentado, o al menos creció la cifra global de empleados públicos para las entidades locales (Diputación incluida) en la provincia. Si en 2009 ayuntamientos y Diputación contaban con 9.342 empleados, la cifra ahora ascendió a 9.443, lo que supone un ligero incremento del 1,08% y un centenar más de salarios que salen de las arcas locales. A nivel estatal, el empleo en los ayuntamientos cayó un 8,08%. Pero la principal causa que explican estas cifras está en la Universidad. Al menos según este boletín estadístico. En 2009 las universidades públicas empleaban en la provincia de Pontevedra a 693 personas y, según el último boletín, actualmente son un total de 1.737 trabajadores dependientes de estos centros de enseñanza superior en la provincia. Es decir, un incremento de un 150%. La reducción de los cuadros de personal y empleados de las universidades públicas descendió en España desde 2012 en un 4,59%.
La tendencia con el conjunto del Estado solo se repite en cuanto al comportamiento de la Administración General del Estado, pero aún así, también el adelgazamiento de las plantillas fue menor en Pontevedra. Así, la administración central tenía en al provincia en 2009 a un total de 10.006 asalariados y comenzó 2016 con un total 9.436. Es, al igual que en conjunto de España, la administración que más puestos de trabajo amortizó durante la crisis, un total de 570 en la provincia en los últimos siete años. No obstante, se trata de un descenso del 5,6% frente al 9,29% del conjunto del territorio nacional. En el caso de la Xunta, la media estatal señala que rebajaron en los últimos años un 4,5% sus plantillas de trabajadores, y en el caso de Pontevedra, esta reducción por parte de la Xunta y sus organismos dependientes fue de un 2,9%, con un total de 801 trabajadores menos del total de 27.104 que tenía hace siete años.
Servicios externalizados
Hay que tener en cuenta que de estas cuentas hay que retirar a todos aquellos trabajadores que prestan servicios para la administración pero lo hacen a través de concesionarias en lo que se denominan servicios externalizados para los gestores administrativos y directamente "privatizaciones" en el caso de los sindicatos. Servicios de limpieza en centros públicos, servicios de cocina, lavandería en hospitales, recogida de limpieza o servicios de agua en los concellos, entre otros muchos. Los sindicatos de Pontevedra también se quejan, desde hace tiempo, de reticencias por parte de la administración a la contratación de personal para cubrir bajas o periodos de vacaciones y permisos de funcionarios.
Cabe señalar que el grupo más amplio de empleados públicos en la provincia es el que corresponde a la administración autonómica, con más de 26.000 del total de 46.900 trabajadores y que fundamentalmente tiene que ver con el personal sanitario, docentes, trabajadores de justicia y otro gran número de personal que atiende a aquellas competencias, como Sanidad y Educación, transferidas a la comunidad autónoma.
