Después de meses de intenso trabajo para dar cumplimiento al polémico artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aquel que establece un plazo máximo de seis meses para la instrucción de las causas penales que puede ser prorrogable; el fiscal superior de Galicia, Carlos Suanzes, visitó ayer la Fiscalía de Pontevedra para analizar con el máximo responsable del Ministerio Público en la provincia, Juan Carlos Aladro, todo el trabajo realizado desde la entrada en vigor de la ley, el pasado seis de diciembre. Y es que a medida que se iba acercando la fecha del seis de junio (cuando se cumplían los primeros seis meses de la entrada en vigor de la ley y el final del plazo máximo inicial dado para cerrar la instrucción de las causas que estuvieran abiertas) los asuntos se acumulaban en las mesas de los fiscales a la espera de ser analizados para pedir, en su caso, la prórroga de la investigación.
Aunque Aladro ya ofreció un balance provisional la semana pasada, la Fiscalía Superior de Galicia dio ayer cifras definitivas subrayando que durante estos seis meses los fiscales pontevedreses analizaron un total de cinco mil causas. De todas ellas, en un número bastante elevado tuvieron pedir la prórroga de las actuaciones, se solicitó un plazo extraordinario de instrucción o se pidió a los juzgados que fueran declaradas complejas. Fueron en total 1.409 asuntos en los que se solicitó que se mantuviera viva la instrucción, un 29% o lo que es lo mismo, tres de cada diez. Una cifra que indica que el plazo de seis meses no parece suficiente para cerrar una investigación judicial, aunque no sea compleja, en un buen puñado de asuntos.
Con todo, los datos ofrecidos por la Fiscalía Superior también permiten calcular que el trabajo de los representantes del Ministerio Público en la provincia permitió sacar adelante el resto de causas en instrucción (unos 3.600 asuntos en toda la provincia) para los que se solicitó el archivo en el caso de no encontrar indicios de delito o se solicitó su transformación en procedimiento abreviado, primer paso hacia la apertura de juicio oral y la presentación de un escrito de acusación.
En su día, Aladro ya advirtió de la posibilidad de que algún asunto pudiera quedar sin revisar debido a que la colaboración no fue la deseada desde al menos dos juzgados de la provincia que se mostraron reticentes a remitir al Ministerio Público las causas que tuvieran pendientes con el objeto de que fueran revisadas. Pese al cumplimiento de lo establecido en la reforma de la ley, el fiscal jefe de Pontevedra se mostró crítico con algunos aspectos de la misma y en concreto con los plazos tan cortos de instrucción. Cerrar una investigación por las prisas puede debilitar la carga probatoria con la que cuente el Ministerio Público en el juicio.
Suanzes agradeció y resaltó este esfuerzo que están realizando los fiscales que desarrollan su labor en la provincia de Pontevedra. Destacó que "al exigente trabajo diario" que tienen en los juzgados deben añadir ahora la responsabilidad de controlar que no se excedan los citados plazos de instrucción que introducen la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dado que ahora deberán estar pendientes de los casos que se vayan abriendo en los tribunales.
Memoria de 2015
Y mientras, ese trabajo diario en los juzgados, lejos de disminuir, se incrementa cada año. Así, según los datos que avanzaron de la última memoria de la Fiscalía Provincial, los 49 fiscales que desarrollan su labor en la provincia atendieron un total de 83.978 procedimientos incoados en los juzgados durante el año 2015, un 4,5% más que el ejercicio anterior, además de redactar cerca de cinco mil escritos de calificación.
