A principios de mes el gobierno local anunciaba una inspección en todas las parroquias para detectar las casas que, contando con servicio de saneamiento a menos de cien metros, sus dueños declinaban conectarse. A todos ellos se les comenzaría a girar el recibo bimensual al entender el Concello que esa conexión es "obligatoria". Apenas dos semanas después, la decisión ha comenzado a causar malestar entre los contribuyentes del rural, cuando no indignación. Y es que muchos de ellos, en especial en la parroquia de Campañó, han comenzado a recibir esos recibos y con la exigencia de abonar los últimos cuatro años del servicio, periodo máximo que se puede reclamar antes de que prescriba la supuesta deuda.

El malestar vecinal ya ha comenzado a ser canalizado por el PP, que incluso calificó ayer este proceso de "acoso", y ha habilitado una "oficina de quejas" en su sede local. Los populares explican que la inspección anunciada el pasado 9 de noviembre por el concejal de Facenda Raimundo González Carballo, comenzó ya en Campañó, cuyos vecinos "están recibiendo cartas de la empresa concesionaria con los recibos por un servicio de saneamiento que no recibieron ya que no están conectados".

El saneamiento es, de forma sistemática, la principal reivindicación de los vecinos del rural al Concello, pero una vez que se instalan las redes generales por las parroquias, cada acometida domiciliaria debe abonarla el vecino, momento en el que la demanda inicial se reduce notablemente. Es por ello, que el malestar vecinal ya se daba por hecho cuando el Concello anunció esta inspección. En muchos casos se trata de inversiones que pueden superar los mil euros por casas, pero el PP señala que "hay casuística muy diferentes" y denuncia que este cobro con efectos retroactivos "no es equitativo". El portavoz popular Jacobo Moreira apunta que "no puede aplicarse las mismas obligaciones aun vecino que cuenta con una conexión a la red de saneamiento delante de su casa que a otro que tiene que atravesar una finca privada o tiene que instalar una bomba para salvar un desnivel y poner así conectarse. Hay vecinos que tienen que asumir un gasto que puede llegar a los 20.000 euros para poner conectarse a la red".

Por ello, el PP ya han anunciado no solo que canalizará a través de su sede local las posibles alegaciones de los afectados, sino que estudiará la posibilidad de presentar una modificación de la ordenanza de inspección fiscal "para que sea más igualitaria y ponga fin a las discriminaciones". La actual ordenanza fiscal del servicio ampara estos recibos y fija una distancia de cien metros para decretar obligatoria esa conexión. Aquellos propietarios situados dentro de esos límites que rechacen el enganche, pagarán igualmente los nueve euros cada dos meses por el servicio municipal y otros siete por el canon de vertido de la Xunta, lo que suma cerca de cien euros al año

El mismo documento añade que el Concello podrá realizar esta actuación "de oficio", es decir, elaborar por su cuenta el recibo y notificarlo al afectado, que estará obligado a abonarlo. Incluso cabe la posibilidad de aplicar atrasos hasta de cuatro años en aquellas viviendas que durante ese plazo hayan tenido posibilidad de contar con el servicio pero el interesado descartara la conexión.