La investigación judicial de la Operación Patos en el Concello de Pontevedra sobre los contratos y las relaciones municipales con las empresas Eiriña y Cespa ya se traslada de lleno a la esfera política. El grupo municipal del PP ha reclamado la creación de una comisión de investigación en el seno del Concello que se centre en aclarar las relaciones y contratos con la empresa Cespa de los últimos 16 años, justo el periodo en el que esta compañía es adjudicataria del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, con un presupuesto anual de unos seis millones de euros.
El portavoz del PP, Jacobo Moreira, solicitó ayer el apoyo de todos los demás grupos, incluido el BNG, para constituir esta comisión, "que permita aclarar los supuestos casos de enchufismo en la empresa Cespa por parte del alcalde de Pontevedra y por parte de otros miembros del gobierno local". Se refiere a un informe de la Policía, incorporado al sumario de la Patos, en la que se apuntan presuntos enchufes de 14 personas auspiciados por Miguel Fernández Lores y los concejales Raimundo González Carballo y Carmen da Silva, además de otros funcionarios y trabajadores municipales. Tan pronto se conoció la existencia de este informe, el gobierno local se desmarcó por completo de esas prácticas y anunció la apertura de una "indagación interna" para aclarar los sistemas de contratación de Cespa. Pero el PP quiere ir "más allá" y verificar cómo se ha desarrollado el contrato de limpieza desde 1999, sobre todo después de las ampliaciones realizadas en años posteriores: una en 2005 por importe de 500.000 euros, otra en 2009 por 260.000 euros más y una tercera en 2011, por 150.000 euros, con dos prórrogas incluidas, que finalizan en 2017, justo cuando se quiere tener en marcha la planta de compostaje de Canicouva.
Los implicados, excluidos
"Somos prudentes, creemos en la presunción de inocencia, pero ante la existencia de un informe policial, incorporado a los autos de la Operación Patos, se hace necesaria una investigación interna", señaló ayer el portavoz del PP Jacobo Moreira. Además, los populares entienden que esta investigación debe basarse en tres premisas: "el alcalde y los otros miembros del gobierno local cuyos nombres aparezcan reflejados en el informe policial no participarán en la investigación; sí participarán todos los miembros de la corporación municipal actual y además esta investigación interna debe ser transparente".
Moreira recuerda que "la reacción del gobierno local ante la aparición del informe de la UDEF fue a anunciar que el propio gobierno iniciará una indagación sobre la política de contratación de personal de Cespa, pero esto, para nosotros, no es ni correcto ni apropiado. No es razonable que las propias personas que aparecen como sospechosos en el informe policial sean los que investiguen estas supuestas irregularidades", destacó.
Jardines
La oposición subraya que Cespa acaba de asumir el servicio de mantenimiento de los jardines, reemplazando a Elsamex, otra compañía implicada en una investigación judicial por las prórrogas irregulares que el gobierno local aprobó durante meses a esa concesión. Pero el PP tiene especial interés en analizar el caso de Cespa y, en concreto, su servicio de basuras, ya que "se trata de un de los contratos más importantes pues supone para las arcas municipales cerca de seis millones de euros al año", señaló el portavoz popular. En todo caso, los populares ya anunciaron que no llevarán este asunto al próximo pleno municipal, previsto para el lunes 19, porque "el proceso de constitución de una comisión de investigación requiere diálogo entre todos los grupos para lograr así alcanzar un acuerdo previo", sentenció Jacobo Moreira.
