El Consello de la Xunta autorizó ayer la licitación del segundo edificio judicial de Pontevedra, que se levantará al lado de la sede actual de A Parda, con la que estará conectado mediante una pasarela. Este acuerdo, que establece el presupuesto inicial en 20,7 millones de euros, llega varias semanas después de que el Concello hiciera oficial la cesión de los terrenos, después de años de trámites y retrasos.
La obra está programada con un plazo de ejecución de ejecución de 24 meses, pero la reducción de ese periodo será uno de los criterios básicos para seleccionar a la empresa adjudicataria, con el objetivo de que el nuevo edificio pueda estar en servicio en 2017. El inmueble contará con más de 21.000 metros cuadrados y espacio para albergar 28 unidades judiciales, con el fin de agrupar todos los juzgados dispersos ahora por la ciudad.
La reciente Ley de Racionalización y la Guía sobre contratación pública establece que la empresa adjudicataria queda obligada a diversas condiciones que en caso de incumplimiento darían lugar a imposición de sanciones, además de extremar la seguridad en el trabajo. También se recomienda que las subcontrataciones se realicen, de ser posible, con centros especiales de empleo o empresas de inserción laboral.
El nuevo edificio tendrá unas 15 salas de vista y en su sótano se acomodarán 240 plazas de garaje, de uso exclusivo para los profesionales del edificio, no para el público, a pesar de las necesidades de espacio que también existen para el aparcamiento de los ciudadanos que acuden a los juzgados. Una de las principales preocupaciones es que no ocurra lo mismo que con el actual edificio que se levanta en A Parda. Pese a ser inaugurado a finales de los años 90, una década después se quedaba pequeño y obligaba a segregar a los tres juzgados de lo Contencioso a unos locales de la calle Germán Adrio por falta de espacio. Así, el nuevo edificio judicial era concebido con la posibilidad de que pueda crecer en el futuro, ampliándolo una planta más si fuera necesario.
