Durante la mañana de ayer tuvo lugar en la sede del BNG de Marín una rueda de prensa para dar a conocer la disconformidad del grupo nacionalista con una solicitud que la alcaldía ha realizado al Ministerio de Hacienda en cuanto a la revisión del valor catastral de las viviendas, lo que en la práctica supondría un aumento del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) a pagar por todos los marinenses. Desde el BNG reclaman "que el gobierno local retire esta solicitud, la cual ha realizado de forma voluntaria al gobierno del Estado y que supondría una subida del IBI del 12% con respecto al periodo anterior a 2011".

La portavoz, Pilar Blanco, recordó que en 2016, el Real Decreto firmado hace cuatros años por el gobierno estatal perdería su vigencia, por lo que se volvería a rebajar la cuantía a lo acordado antes de esa época. Ahora, cada ayuntamiento es libre de realizar una solicitud o no al respecto, una petición que el gobierno local del PP sí hizo efectiva el pasado 22 de julio.

Ante esta decisión, los nacionalistas reclamaron en comisión informativa que el tema fuese trasladado al pleno para que todos los grupos lo analizasen, algo que la alcaldía no estimó oportuno. La edil Pilar Blanco argumentó además que su partido sustenta su postura en contra "porque no encontramos razones para que se suba un impuesto recaudatorio, más aun cuando el gobierno local se enorgullece del superávit".

A modo de ejemplo, la comitiva del BNG de Marín planteó que la subida de este impuesto supondría, en el caso hipotético de un bien valorado en 60.000 euros, una cuantía a pagar de 330 euros antes de 2011, mientras que una vez en vigor el Real Decreto a partir de ese año se pasaría a pagar 363 euros. Ahora, y de salir adelante esta solicitud, serían 369,6 los euros a abonar.

Por todo ello, el BNG se posiciona en contra de lo que considera "una medida voluntaria" del gobierno local e instan al Partido Popular a retirar la petición "cuando todavía están a tiempo", puesto que hasta el 30 de septiembre el gobierno del Estado no publicará la lista con los Concellos adscritos.

Asimismo, la portavoz nacionalista denunció el "ocultismo" del que el gobierno municipal ha hecho gala con esta problemática y demandó "el derecho de los vecinos a saber qué van a pagar, cuándo y por qué", argumentando que "lo mínimo es que se hagan públicas este tipo de medidas".

Réplica del gobierno local

Desde el Partido Popular, la alcaldesa, María Ramallo, respondió explicando que la medida "supone un incremento del 2% en relación a lo que se venía pagando en los últimos cuatro años". Además, recordó que "este aumento, del 2 o 3% anual, ya se llevaba a cabo de forma automática por parte de Catastro y se aplicó también en la época del bipartito, cuando nunca se hizo hincapié en ello", concretó Ramallo.

Desde el gobierno municipal se advierte de que el hecho de no actualizar estos valores provocaría una reducción en los ingresos del Concello de unos 250.000 euros, lo que supondría un desequilibrio en el presupuesto municipal. Asimismo, señala que esta actualización también ha sido solicitada por otros muchos ayuntamientos, entre ellos algunos gobernados por el BNG.

Ramallo citó así algunos ejemplos de otros ayuntamientos de características similares, esgrimiendo que Marín recauda en concepto de IBI unos 2.100.000 euros cada año, menos que otros como Poio, O Grove, Baiona o Sanxenxo. La alcaldesa valoró además que "este equipo de gobierno ya permitió en la anterior legislatura el poder fraccionar el recibo en plazos".

En cuanto a la transparencia, explicó que "la comunicación se hizo en una comisión informativa a todos los grupos municipales". "No hay nada que ocultar y se trata de una medida sensata que, de no tomarla, supondría rebajar lo que se lleva cobrando por la contribución en estos últimos dos años, lo que sería un paso atrás teniendo los valores que existen en Marín", concluyó Ramallo.