Las acciones de la Unión Europea contra España por la mala depuración de sus aguas residuales urbanas van en serio. La Comisión Europea ratificó recientemente al eurodiputado socialista José Blanco la denuncia interpuesta contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debido a que "el sistema de saneamiento" de las localidades de la ría de Pontevedra "incumple" la directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
La Comisión desvela que además, la labor indagatoria que está realizando Bruselas sobre la depuración en España no se queda ahí, sino que también se están investigando "otras doce pequeñas aglomeraciones urbanas en Galicia" y otras 241 en el conjunto de España, de tal forma que una vez que tengan las conclusiones se "determinará cuál es el seguimiento adecuado" para cada una de ellas.
En la respuesta remitida al eurodiputado socialista, la Comisión Europea señala que "El sistema de saneamiento de las localidades de Pontevedra, Marín, Poio y Bueu incumple los requisitos del artículo 4 y del artículo 5, apartados 2 y 3" de la directiva europea sobre aguas residuales. Dicha directiva señala que estas aglomeraciones urbanas deberían disponer, a más tardar en 1998, de un sistema de tratamiento "más riguroso" para sus aguas que el descrito en dicha normativa antes de ser vertidas a zonas sensibles, como es el caso de la ría.
En su respuesta, la Comisión Europea señala que "la única forma de hacer frente a este incumplimiento es ampliando la capacidad de la planta con el fin de optimizar el funcionamiento del sistema de alcantarillado, especialmente para controlar el coeficiente de escorrentía", señala refiriéndose a la escasa capacidad de un sistema que cuenta con la desbordada depuradora de Praceres como principal medio de depuración antes de llegar a la ría.
