UGT denuncia relaciones laborales "casi feudales" y "completamente abusivas" en el Registro de la Propiedad número 2 de Pontevedra. La central critica que la titular de esa entidad, una trabajadora pública, despidiese a uno de sus trabajadores después de que éste tuviese que asumir en los últimos dos años una bajada salarial que redujo sueldo hasta la mitad para dejarlo en el entorno de los 600 euros. Desde el sindicato temen que ésta manera de actuar pueda tener "un efecto llamada" en otros registros con el fin de lograr despidos "más baratos".

El secretario xeral de la Federación de Servizos UGT Pontevedra, Isaac Gutiérrez, y el secretario sectorial de Oficinas e Despachos FeS Galicia, Hugo Sánchez, explican que con esta práctica la titular de este Registro de la Propiedad se asegura "una rebaja en la indemnización del trabajador en caso de que el despido sea declarado improcedente". Los responsables sindicales demandan a la Administración y, en concreto, a la responsable de este registro, que normalice las relaciones laborales y que se aplique el convenio del sector. Denuncian que los registros funcionan empresas. "Se fomenta el individualismo en el momento de negociar los salarios", ejemplifican, y todo pese a que los titulares de los registros son trabajadores públicos, aunque con la peculiaridad de que puede hacer contratos para reforzar su actividad.

Gutiérrez y Sánchez puntualizaron que el trabajador despedido sufrió una rebaja de sueldo en 180 euros mensuales en octubre de 2012 a partir de los 1.270 que cobraba. Menos de un año después, en septiembre de 2013 se le redujo en otros 500 euros más. Señalan que no hubo reducción de la jornada laboral, que apenas se produjo una bajada de volumen de trabajo y que unos meses después (a mediados de 2014) se produjo el despido.

"Ella había dado su palabra de que si el trabajador aceptar la rebaja salarial mantendría el empleo", añaden. En cualquier caso, apuntan que el trabajador ha llevado ante la Justicia el caso con la confianza en que al menos el despido sea declarado improcedente, al contrario de lo que indicó la registradora de la propiedad.